La Procuraduría General de la Nación dio a conocer, a través de un comunicado, que ha tomado medidas para llevar a cabo un seguimiento preventivo y de intervención administrativa en el proceso de intervención de AIR-E S.A.S. E.S.P.
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Lo anterior como respuesta a una solicitud presentada por John Maya Salazar. gerente general y representante legal de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM).
En la comunicación señala el ministerio público, que en su función preventiva especialmente en las actuaciones de las autoridades administrativas involucradas, como el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC - XM S.A.S. E.S.P.).
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El gerente general de EPM en su solicitud señala que: “La complejidad de esta intervención radica en su potencial efecto dominó sobre el mercado eléctrico, dado que las decisiones tomadas por las autoridades que se describen en el presente escrito, desconociendo el régimen constitucional y legal, evidencian una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes”.
Como respuesta, la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, emitió la Resolución No. 405 del 4 de diciembre de 2024, en la que se dispone la designación de funcionarios específicos para llevar a cabo las acciones preventivas y de intervención administrativa en el marco del proceso de intervención de AIR-E S.A.S. E.S.P.
Los funcionarios designados “trabajarán de forma coordinada para garantizar que las actuaciones administrativas en curso sean conformes con el orden jurídico y que el proceso de intervención sea debidamente monitoreado”, se lee en el comunicado.
A fin de obtener una mayor comprensión sobre el proceso de toma de posesión de AIR-E S.A.S. E.S.P. y su estado actual, el ente de control ha convocado una mesa de trabajo presencial el próximo lunes 13 de enero de 2025, a las 10:00 a.m. en la sede de la Procuraduría General en Bogotá.
