Intervención de la empresa Air-e será con fines liquidatorios: Superservicios

La intervención de la empresa Air-e será ahora con fines liquidatorios. Esta fue la determinación adoptada durante la reunión que se llevó a cabo este jueves entre el superintendente de Servicios Públicos, Libardo Márquez, y el interventor Edwin Palma, para definir el futuro del proceso que se puso en marcha desde el mes de septiembre.

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La medida, que fue conocida en primicia por EL HERALDO,  fue adoptada tras el análisis del informe diagnóstico de la compañía, en el cual se desnudaron una serie de irregularidades en su operación en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

En la resolución expedida este jueves, la Superintendencia de Servicios Públicos determinó que  este proceso incluye una etapa de administración temporal que permite “adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento de la empresa y garantizar la continuidad de la prestación del servicio como un derecho”.

La entidad agregó que en el informe diagnóstico de gestión que fue remitido por el agente interventor se refleja la “compleja” condición financiera y operativa de la compañía.

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“Del análisis del componente financiero se concluye que la empresa Air-e presenta un deterioro financiero y operativo representado en indicadores financieros negativos por cuatro periodos consecutivos y caja limitada con atrasos en pagos a proveedores que limitan la operación, reflejando una situación financiera no óptima y retrasos significativos en la ejecución del plan de inversiones en redes”, expuso la entidad.

La Superservicios también indicó que “existen importantes deficiencias de infraestructura que afectan la calidad y continuidad del servicio”. En ese sentido, explicó que la  modalidad de intervención permite que la empresa continúe desarrollando con normalidad su objeto social y se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica.

“Esta modalidad de intervención permite abrir un espacio de administración temporal dentro del cual se pueden adoptar diferentes medidas para atender de manera estructural, a corto y largo plazo, los problemas financieros, técnicos y operativos por los que atraviesa la compañía”, agregó.

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En se sentido, la Superintendencia indicó que se garantizará la normalidad en la prestación del servicio, así como se adelantarán las medidas necesarias para que la compañía pueda continuar adelantando su actividad en los términos exigidos por la ley.

Cabe anotar que este viernes se continuará la mesa de trabajo entre la Superintendencia de Servicios Públicos y el agente interventor de Air-e para definir la hoja de ruta que permita materializar esta decisión.

Según un concepto de la Superservicios, no es posible utilizar la modalidad de la liquidación sin previamente contar con medidas efectivas que permitan asegurar dicha finalidad: “No es posible retirar a un prestador de servicios públicos -mediante su liquidación- si no hay quien lo pueda sustituir, al menos transitoriamente, hasta tanto se adopta una solución definitiva”.

Por esa razón, la entidad debe liderar y coordinar las soluciones empresariales e institucionales que sean sostenibles en el largo plazo y que garanticen la prestación del servicio a cargo de la empresa intervenida.

“Dentro de las acciones que puede adoptar está la de reestructuración financiera, administrativa, vinculación de operadores o gestores, liquidación o creación de nuevas empresas, entre otras medidas; puesto que de no mediar esta serie de decisiones administrativas la concreción de la liquidación de la empresa aparejaría la imposibilidad de la prestación del servicio y, en consecuencia, la inminente falla del Estado como garante de su prestación”, se lee en el mencionado documento.

Es de anotar que  no se cuenta con un término legal debido a que “la consecución de fuentes de financiamiento de planes de inversión, reestructuración financiera, el aseguramiento de una gestión operativa y comercial eficiente, la reducción de costos operativos y administrativos, fondeo de pasivo pensional, vinculación de gestores especializados, entre otros temas, requiere de un tiempo que no puede estar previsto”.

Ante este anuncio, el gobernador Eduardo Verano abrió la puerta a que la administración departamental haga inversiones que permitan mejorar la prestación del servicio de energía.

“Es una decisión que no nos corresponde a nosotros, pero sí nos afecta y por lo tanto estamos atentos. No hemos sido participes del proceso y ojalá que nos den la oportunidad hacia el futuro de invertir en Air-e”, expuso el mandatario departamental.

Recordó que, en el pasado, las empresas de energía eran públicas y que el pasar del tiempo ha demostrado que su privatización no fue un acierto.

“Nosotros éramos los dueños de las electrificadoras y se llegó a la conclusión de que se tenían que privatizar. Ese proceso no fue tan exitoso como se anunció y lo que creo es que tenemos que regresar a lo público. Nosotros estamos dispuestos a invertir si es necesario”, indicó.

Con relación al recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, el mandatario departamental expuso que “no podemos permitir que desaparezca o se debilite; por eso, la empresa Air-e es parte fundamental de este proceso y si se afecta tendríamos muchas dificultades”.

El senador Mauricio Gómez indicó que la situación actual de la empresa Air-e es “algo que se preveía”, teniendo en cuenta las dificultades financieras que ha enfrentado desde el inicio de sus operaciones.

“Una empresa con un pasivo superior a los $1.5 billones no solo enfrenta un problema de caja, sino una crisis estructural que debe atenderse con urgencia. Hoy, frente a una posible liquidación, el foco debe estar en los usuarios. Las familias del Caribe no pueden quedar desprotegidas ni un solo día sin energía”, sostuvo el congresista liberal.

Gómez también recalcó que el reciente apagón en el departamento de Vichada debe ser una alerta para todos: “Esto podría repetirse en el Caribe si no se actúa de inmediato. No se trata únicamente de un problema financiero o administrativo; es una emergencia social que impacta la calidad de vida de millones de colombianos”.

En ese sentido, el congresista indicó que “no podemos seguir normalizando que la región más calurosa del país enfrente esta compleja situación mientras se discuten tecnicismos en Bogotá. Este es un servicio esencial que garantiza su bienestar y el desarrollo de la región”.

Por esa razón, indicó que es el momento de que el Gobierno “actúe con firmeza” y la capitalización de la empresa sea una de sus prioridades, “ya sea a través del Fondo Nacional de Garantías u otras herramientas que permitan garantizar la compra de energía a largo plazo y estabilizar la operación”.

Enfatizó que “desde el Congreso seremos vigilantes de cada decisión que tome el Gobierno y la Creg para garantizar que se priorice a los ciudadanos y que el Caribe colombiano reciba un servicio eléctrico digno, estable y sostenible, sin más excusas ni demoras”.

Por su parte, el senador Carlos Meisel indicó que el Gobierno debe dar a conocer el plan que se ha trazado para garantizar la prestación del servicio en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, así como los puntos que se tuvieron en cuenta para adoptar esta medida.

“Si no se tiene claro cuáles son las acciones y las consecuencias con las que pretende el Gobierno liquidar, podríamos pasar de Guatemala a guatepeor. El agente interventor hizo unas denuncias y también hubo una respuesta de la administración anterior, también habría que esclarecer cuál es la realidad de eso”, expuso el congresista.

El coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, Norman Alarcón, calificó como positivo la decisión de cambiar la modalidad con fines liquidatorios para la empresa Air-e.

“Desde el principio se dijo que esta intervención debía ser con fines de liquidación, no tenía presentación que el Gobierno le fuera a meter billones de pesos a la empresa eléctrica para volvérsela a regalar a la empresa”, dijo.

Para Alarcón, el informe presentado por Palma fue definitivo para que desde la Superservicios se tomara la decisión. En ese sentido sostuvo que con la auditoría forense los hallazgos quedarán aún claro.

Mientras que el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, explicó que para liquidar la empresa Air-e se deben cumplir con los requisitos de ley para evitar una “querella con el propietario actual, porque de lo contrario se podría configurar un caso de expropiación”.

Para el exministro  guajiro, es viable que la empresa pase a manos del Estado.

Mientras que el experto en temas energéticos, César Uparela, aseguró que existe confusión alrededor de los hallazgos que fueron socializados por el interventor y que posteriormente fueron descartados por los accionistas de la compañía.

“Tengo una confusión total porque la Superintendencia, que es la entidad que vigila y controla a Air-e y cada trece meses hace una auditoría, que en el pasado fueron resultados positivos para la empresa. Este informe es totalmente contrario a lo que la Superservicios decía un año atrás”, expuso.

Para Uparela es necesario una auditoria forense por parte de una firma internacional con experiencia en estos temas.

Sostuvo, además, que le llama mucho la atención que en ese informe el agente interventor no menciona para nada en ninguno de sus apartes de que el Gobierno le debe a Air-e cerca de $500 mil millones por los subsidios correspondientes a los estratos 1, 2 y 3, “ya causados y también por lo de la opción tarifaria”.

El exalcalde Jaime Pumarejo indicó que la decisión de la Superservicios es “la crónica de una muerte anunciada”, puesto que se encuentra vigente la problemática de la estructuración de las tarifas.

“Hubo una injusticia con el Caribe colombiano y dejaron a los comercializadores con un grave problema que hoy está pasando factura. Air-e se quebró como lo hizo Electricaribe y como lo hará el que venga si no se arregla el tema de fondo”, expuso.

Dijo que el sistema requiere de una nueva regulación que permita mayor competencia y “no el oligopolio que existe, que pone los precios y se aprovechan de las situaciones del mercado”.

A través de un comunicado, los accionistas de la empresa Air-e cuestionaron que el informe del agente interventor tiene un “defecto estructural”, puesto que “señala los efectos de la crisis, con múltiples imprecisiones e información abiertamente equivocada, pero no explica las causas estructurales que la provocaron”.

En el documento se expone que dichas causas “no son atribuibles a Air-e”, así como enfatizan en que “toda acción que se ejecutó estuvo vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos”.

Sobre los “racionamientos disfrazados” que se habrían evidenciado en dicho informe, expusieron que “la empresa tiene la potestad legal de programar los mantenimientos que considere necesarios dentro de su estrategia para operar el sistema siempre y cuando cumpla con las metas de calidad”.

Además, los accionistas pusieron de presente que, antes de la intervención, la Superservicios realizaba visitas trimestrales a Air-e y evaluaba más de 50 indicadores, con un promedio de cumplimiento del 91 %.

Además, expusieron que “durante los cuatro años de operación, los indicadores de calidad alcanzaron en 2023 los niveles exigidos para 2030, logrando una calidad de servicio sin precedentes en la región”.

Sobre la viabilidad financiera, Air-e pre intervención indicó que “se asumió el primero de octubre de 2020, enfrentando inicialmente pérdidas de $60.000 millones de pesos mensuales. No obstante, a través de la implementación de su plan de negocios, la empresa logró revertir esta tendencia y alcanzó un EBITDA positivo en el cuarto trimestre de 2022 hasta que se dieron los cambios externos que hicieron inviable su operación como consta en los estados financieros auditados”.

Otro de los puntos expuestos es que “no se reconoce que la empresa tiene más de 5 billones de pesos por cobrar a usuarios y entes oficiales. Es responsabilidad del interventor gestionar estos cobros para sanear las finanzas”.