Este jueves se llevará a cabo una reunión clave para definir el futuro de la intervención de la empresa Air-e. El agente interventor Edwin Palma sostendrá un encuentro con el superintendente de Servicios Públicos, Libardo Yanod Márquez, para analizar el primer informe diagnóstico de la compañía, en el cual se exponen una serie de hallazgos sobre su manejo.
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El anuncio fue hecho por el interventor Palma durante una audiencia con la Mesa Popular en Defensa de los Servicios Públicos sobre las problemáticas que rodean a la compañía que atiende a los usuarios en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
“La Superintendencia deberá tomar, en los próximos días, la decisión si se debe mantener la administración, si se va a proceder a liquidar la compañía, si se administrará con fines liquidatorios. Es una decisión que está en manos del superintendente”, dijo Palma.
En ese sentido, Palma explicó que esta decisión se debe adoptar para dar cumplimiento a la normatividad vigente, que determina una evaluación del proceso tras cuatro meses.
“La ley señala unos términos; antes del 11 de enero se debe determinar qué modalidad de posesión continúa al cumplirse cuatro meses de la intervención de la compañía”, explicó.
Asimismo, Palma expuso que en el Caribe colombiano subsiste un “problema estructural” como el de la energía, el cual tiene relación con las acciones de la clase política del país: “Estamos viviendo un dejavú, porque acá han operado varias empresas, han ido de lo público a lo privado, de lo privado a las intervenciones, de las intervenciones a las liquidaciones y el problema resiste”.
Los hallazgos
A través de un comunicado, la Agencia Interventora de la empresa Air-e reportó que entre los hallazgos se encuentran contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, constantes racionamientos de energía informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio.
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Con relación a los racionamientos de energía expuso que afectaron “fuertemente” a distintas comunidades y al sector productivo y derivó en afectaciones operativas de gran magnitud: “Se estableció una solicitud de consignaciones y descargos (interrupciones programadas) para un listado de circuitos determinado. Esta planificación, careció de justificación técnica y, por el contrario, era informado a los usuarios como mantenimientos y lavados en las redes de media tensión”.
Agregó que dicha determinación ocasionó falsos ahorros operativos, así como disminución antitécnica de pérdidas energéticas y la desconexión y reconexión frecuente de circuitos comprometen la estabilidad de la red eléctrica generando costos adicionales en mantenimiento y gestión.
“Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro energético con una falsa información previa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico”, comentó el interventor Palma.
A esto se suma el impacto económico y social de sectores productivos y residenciales, los cuales enfrentaron limitaciones en sus actividades diarias, especialmente aquellos sin capacidad para implementar soluciones de respaldo como generadores o sistemas de almacenamiento.
Falta de inversiones
Además, el incumplimiento en el Plan de Inversiones aprobado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para las vigencias 2023 y 2024 impactó negativamente el reconocimiento tarifario en el componente de distribución e imposibilitó el reconocimiento de las pérdidas reales en dicho componente.
En este sentido, como se incumplió la senda de pérdidas de 2024 que había sido acordada con la Creg, se suspenderá el reconocimiento del plan de pérdidas para el año 2025.
Ante esta situación, aseguró el agente interventor en su informe, “hay un grave riesgo para el cumplimiento en este plan, ya que, al no llegar a las metas de pérdidas fijadas durante dos años consecutivos, la empresa tendría que devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades encaminadas a disminuir las pérdidas de energía en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda los 400 mil millones de pesos”.
También encontraron contratos en los que la compañía se comprometió a generar energía que al final no pudo, con grandes consecuencias económicas y jurídicas por dicho incumplimiento.
Fallas en el servicio
Esto conllevó al aumento de fallas técnicas y pérdidas de energía. Igualmente, también se afectaron los planes de mantenimiento preventivo, aumentando los costos operativos y la insatisfacción de los usuarios.
La gestión de proyectos muestra retrasos significativos debido a la insuficiencia de recursos y la falta de gestión para resolver las incidencias asociadas a su ejecución.
De enero a julio de 2023 y 2024, se presentó un incremento en la duración promedio de las interrupciones percibidas por los usuarios por las programaciones del llamado plan de gestión de la demanda (“mantenimientos”).
Esta situación ante el deterioro de la calidad en el servicio es tan compleja que fueron identificados incluso 29 usuarios con interrupciones superiores a 360 horas, en el periodo comprendido entre julio de 2023 y julio de 2024.
En lo financiero
Con respecto a la situación contable y financiera de la compañía, el informe concluye que enfrenta un “deterioro patrimonial severo”, el cual se refleja en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo.
“Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago”, sostuvo la interventoría.
Al respecto, el agente interventor explicó que es por esta razón que en cuatro años consecutivos de operación de Air-e, el resultado financiero acumulado no generó utilidad “lo que evidenció una incapacidad para generar los recursos necesarios que lograran garantizar la operación de la compañía. Día tras día la situación empeora por la alta exposición a bolsa que tiene la empresa desde la intervención y por los precios de la generación de energía en el mercado”.
Incumplimientos en pagos
Otro de los aspectos que revela el informe es el incumplimiento en los pagos a los proveedores. “Hay un sinnúmero de acciones legales en contra de la compañía y, en especial, procesos ejecutivos de los cuales 21 están suspendidos por la intervención por un monto de $69.325 millones”.
Adicionalmente, se generaron intereses moratorios en los contratos de recaudo de alumbrado público con las alcaldías por la demora en el giro de los dineros que pagan los clientes por este concepto en las facturas. Los recursos debían ser entregados en un plazo no mayor a 45 días hábiles.
Por otra parte, ante los problemas financieros, se encontraron procesos de limitación de suministro en curso por el retraso en el pago de obligaciones a los diferentes agentes del mercado eléctrico.
También destaca que en el tercer trimestre del año 2024 se presentó un incremento en la exposición a bolsa debido al incumplimiento de los contratos de compra de energía por parte de Air-e, lo que la llevó a reducir su cobertura en contratos en un 50%.
“Es de resaltar que este aumento en la exposición a bolsa ocurre en un momento donde el mercado que se transa en esta bolsa presentaba precios muy altos, lo cual agravó la sostenibilidad financiera”, indica el informe.
Aspectos críticos administrativos
Se lograron identificar altos riesgos laborales para la compañía que redundan en el clima laboral y la productividad, tales como tercerización desmedida, incumplimiento de obligaciones constitucionales, legales y convencionales y ruptura del diálogo social con trabajadores y sindicatos.
Hallazgos comerciales
Las deficiencias en el sistema de facturación, así como las “mediciones estimadas” indiscriminadas o el uso del sistema de totalizadores o “Padres e hijos”, como la violación de derechos fundamentales de los usuarios han generado insatisfacción y desconfianza por parte de ellos.
Los usuarios del mercado subnormal enfrentan retos como la falta de infraestructura eléctrica adecuada y la baja prioridad de la empresa en la atención al usuario, así como dificultades para acceder a programas de normalización de redes, agravado con el no uso de recursos públicos para avanzar en los programas de normalización eléctrica
La Agencia Especial encontró que la administración de la compañía, aparentemente sin razón legal, suspendió pagos a terceros que estaban obligada a ejecutar. Dichos pagos se han restablecido y se han superado diferencias penales, administrativas y judiciales con el operador del aseo, que reducen costos a la empresa intervenida.
Sobre el ciberataque
En el informe queda constatado que el ciberataque a todos los sistemas de la compañía días previos a la intervención ha afectado la capacidad operativa y de facturación, lo que agrava los problemas de liquidez y relacionamiento con clientes y terceros.
Asimismo, las limitaciones tecnológicas dificultan el cumplimiento de obligaciones regulatorias y operativas, poniendo en riesgo la continuidad del negocio.
“Por ello, la Agencia Especial, previa coordinación con la Superservicios, hizo su propia auditoria forense para ponerla a disposición de las autoridades y poder liberar los equipos con el propósito de normalizar todas las operaciones”, puntualizó el informe.
Diferentes sectores se pronuncian por hallazgos en Air-e
Tras conocerse los hallazgos, muchos líderes de diferentes sectores reaccionaron al respecto. Uno de ellos fue el senador Carlos Meisel, quien sostuvo que estas denuncias deben estar acompañadas con pruebas, “porque de lo contrario esto serían opiniones personales y suposiciones que le harían más daño a este deteriorado problema”.
Reiteró que se necesitan las evidencias de las denuncias, “que son bienvenidas, pero más que eso, lo que la gente necesita son soluciones para bajar las tarifas”.
Por su parte el ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló que tanto en el mercado de Air-e como en el de Afinia, los usuarios han estado sometidos a un racionamiento de la prestación del servicio de energía.
“Así lo dejó establecido la empresa XM, que opera el Sistema interconectado Nacional (SIN), en sus boletines de mediados del año anterior. Esa situación lejos de mejorar está empeorando porque no se expende la red mientras aumenta la demanda”, indicó el experto en temas energéticos.
También agregó que “si se deciden por la liquidación, para lo cual se deben cumplir con los requisitos de ley, para evitar una querella con su propietario, sería viable la estatización”.
A su turno el líder de los usuarios de servicios públicos en el Caribe, Norman Alarcón, reiteró la petición al Gobierno en el sentido de que la intervención debe ser con fines de liquidación: “Camuflar los racionamientos como mantenimientos es gravísimo, por este motivo hemos insistido en la auditoría forense para buscar el entramado de corrupción, de irregularidades graves que presentaron en esta empresa”.
A su turno, el ex agente interventor de Air-e, Carlos Diago, se refirió a una posible compra de la empresa por parte del Estado o de privados.
Para Diago, que para que esto se logre es necesario que la unidad de negocios se separe, es decir las actividades de distribución y comercialización.
“Pienso que lo que se debería hacer es separar las actividades porque de otro modo nunca va a lograr que la empresa genere los recursos suficientes para actualizar. Es muy difícil que con una prestación de servicio tan deficiente la empresas pueda ser rentable como negocio conjunto de generación y distribución y comercialización Entonces, a mi juicio lo que habría que hacer es sacar a la venta la distribución, las redes y aparte comercialización”, indicó Diago.
