La problématica que gira en torno a la forma en la que se planteó el proyecto del cobro de la valorización en la vía que va entre Barranquilla y Cartagena, así como la Circunvalar de la Prosperidad, sigue levantado polémica. pues ahora levantaron la mano para quejarse.
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Las comunidades afrocolombiana, raizal e indígena, señalan que al ser comunidades que son sujetos especiales de protección por parte del estado colombiano, la ley 21 de 1991 pide que antes de afectar su territorio, ya sea administrativamente o legalmente. Los reclamos por la falta de cumplimiento de este requisito podría llevar a una demanda para parar el cobro.
“Nosotros tenemos un gran asentamiento en el balneario de Pradomar. Mis abuelos, mis antepasados y los de otras comunidades, llegaron al balneario de Puerto Colombia hace 70, 80 años, y ahí tienen sus economías, sus unidades productivas, sus cacetas”, explicó a EL HERALDO Marlin Salas, lideresa de la comunidad afrocolombiana en Puerto Colombia, en particular del sector de Pradomar.
Señaló que el gran problema es que ellos no tendrían como pagar desde sus negocios o actividades productivas y que ese punto a ellos no se les ha explicado.
“Nosotros no estamos en esas condiciones, porque las ventas bajaron. Te voy a dar ejemplos: mi mamá tiene su negocio hace 50 años y el domingo vendió tres mojarras y llega un recibo de luz de 600 mil pesos. Nos están cansando”, se lamentó.
Similar es el pensamiento de Adolfo Coll, artesano y líder de la comunidad indígena Mokaná, en Tubará.
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“Pienso que en cuanto a las consultas previas no se han hecho. A las comunidades indígenas tienen que darle la información”, explicó.
Agregó que el tema del valor del cobro al que se podrían ver expuestos, los preocupa. “No está en la capacidad de uno. Pienso que lo han hecho sin tener en cuenta la capacidad económica de las personas”, cerró, a la espera de respuestas.
