Una nueva arista apareció entre los muchos argumentos que se han esgrimido en los últimos meses en contra de la valorización que pretende cobrar el Gobierno Nacional en la Vía entre Barranquilla y Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad.
Así lo dejó ver el representante a la cámara por Atlántico Gersel Pérez, quien señaló que no se adelantaron las consultas previas que ordena la ley, teniendo en cuenta que tanto Barranquilla como Cartagena, además de ocho municipios del área de influencia del cobro tienen asentamientos de comunidades indígenas y afrocolombianas.
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“Es inconstitucional y además, ilegal. Son dos términos distintos. Es inconstitucional porque va en contravía del artículo 338 de la constitución política que establece que estas contribuciones deben cobrarse durante el tiempo que la obra se desarrolle, esto va específicamente en la segunda circunvalar. E ilegal, porque viola la ley 21 1991, que establece las consultas previas”, explicó a EL HERALDO.
Según el punto de vista del representante Pérez, el estado omitió un compromiso que este mismo Gobierno ratificó con el concurso del Congreso de la República.
“Resulta que cada uno de estos ocho municipios, y los dos distritos que pretende afectar la nación a través de esta valorización, tienen presencia de asentamientos indígenas y afrocolombianos, y el Gobierno Nacional, a través Congreso, ratificó el convenio 169 de la OIT, que contempla que en cada una de las poblaciones donde exista asentamiento minoría étnicas se debe hacer la consulta previa cuando exista una afectación legal o administrativa. Eso es una afectación administrativa”, aseveró.
Son muchas las interpretaciones en contra de la normativa, pero para el congresista por el Atlántico, esta es la más rápida para intentar detener el cobro, por la vía de una tutela.
“Yo me voy por esta línea, porque hay otros congresistas que se han ido en otras. Pero, la más expedita, que tenemos como herramienta legal para poder detener esta acción del Gobierno Nacional, es esta. Teniendo en cuenta que vamos a solicitar un amparo legal, a través de una acción de tutela, donde pediremos unas medidas cautelares, para que se frene la distribución de recibos, que empezará el próximo año”, detalló.
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Las comunidades indígenas afectadas serían las pertenecientes a los cabildos de los Mokana y Kaamash-hu, presentes en varios municipios que están presentes a lo largo de la Vía entre Barranquilla y Cartagena.
Es de recordar que contra el cobro de la valorización hay dos demandas admitidas en el Consejo de Estado, a la espera de decidir sobre medidas cautelares.
