Una nueva modalidad de fraude en la venta de lotes, casas y urbanizaciones que no cuentan con factibilidad de servicios públicos en el Atlántico puso en alerta a la Gobernación, que a través de la Secretaría de Agua Potable y la empresa Triple A ya activó una campaña para frenar a aquellos particulares y empresas que oferta este tipo de servicios de manera fraudulenta.
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En ese sentido, Ramón Hemer, gerente general de Triple A, mencionó que en los últimos meses se han incrementado los casos de estafas en el departamento.
“En operativos conjunto con la Gobernación del Atlántico hemos encontrado construcciones y urbanizaciones en los municipios de Tubará y Polonuevo con oferta ilegal de acueducto y alcantarillado, una práctica fraudulenta que se extiende peligrosamente a otros sectores como Juan de Acosta, Santo Tomás, Baranoa y Sabanagrande”, señaló.
Señaló que por esta razón se viene adelantando la campaña “Pregúntale a Triple A”, que busca frenar aquellos particulares y empresas que ofertan engañosamente predios con factibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado.
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De esta manera, Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del Atlántico, se refirió también a esta nueva modalidad de fraude. “Hay anuncios de ventas de proyectos de casas, de lotes y construcciones de propiedad horizontal, que dicen tener disponibilidad de servicio de agua y alcantarillado cuando no es cierto, lo que hemos encontrado es que esos desarrollos urbanísticos lo que tienen es fraude sobre el sistema de acueducto”.
Agregó que “tenemos que darle la lucha a estos delincuentes que involucran a personas inocentes en sus actos delictivos a través de ventas engañosas. Pregúntale primero a Triple A antes de comprar. Comunícate a su línea de atención 116 y verifica si ese desarrollo urbanístico en el que deseas invertir tu dinero cuenta con la documentación de disponibilidad de servicio en regla; antes de hacer la inversión, debes hacer la verificación. No se dejen engañar”.
Es de anotar que el robo de fluidos se castiga penalmente con sentencias que van de uno a cuatro años de cárcel y multa económica que oscila entre uno a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
