El candente debate en torno a la legalidad del cobro de la valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad se ha atizado en últimas horas, tras la decisión del Consejo de Estado de admitir las demandas presentadas por la Camacol y los Comité Intergremiales de Atlántico y Bolívar. Además, pidieron medidas cautelares para que no se pueda hacer este recaudo hasta que no haya un fallo de fondo.
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Demandas presentadas con Camacol Atlántico y el Intergremial de este mismo departamento, han sido notificadas como admitidas por diferentes tribunales.
En el Consejo de Estado
El lunes 25 de noviembre, la sección cuarta del Consejo de Estado notificó la admisión de una demanda presentada por Camacol Atlántico contra el cobro de valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
El abogado Felipe Aroca, perteneciente al buffet Aroca-Vives Abogados, en representación del gremio constructor, fue el encargado de presentar la demanda el pasado 29 de julio, misma que fue admitida en auto expedido el pasado 18 de noviembre y del que fueron notificados el lunes 25 de noviembre.
“Presentamos la demanda de nulidad total contra las resoluciones del Ministerio de Transporte y el Invías, mediante las cuales han decretado el cobro de valorización en 2025, por encargo de Camacol Atlántico”, reseñó Aroca.
Además, dentro de las peticiones, Camacol solicita medidas cautelares para frenar el cobro mientras hay una determinación de fondo en la medida.
“El Consejo de Estado ordenó correr traslado al Invias, para que se pronuncie sobre el particular en un plazo de cinco días hábiles y luego de eso, se procederá a responder sobre la medida cautelar de suspensión provisional del cobro”, indicó el abogado.
“Con esto, el Consejo de Estado reconoce que efectivamente hay litigio y argumentos de fondo para ellos pronunciarse sobre la nulidad o no de la medida. Sobre esa demanda en general, el Concejo de Estado tomará unos meses de fondo para pronunciarse, no sabemos cuántos, porque no tienen término, pero en nuestra expectativa hacia el mes de octubre de 2025 debe haber un fallo de fondo”, añadió.
Igualmente, Aroca explicó cuál es la importancia en este caso puntual de que se concedan las medidas cautelares y suspenden la acción del cobro.
“Como pueden pasar meses antes del fallo, nosotros solicitamos la medida cautelar, que es que suspenda cualquier pretensión de cobro, eso se denomina suspensión provisional de los actos”, cerró.
Meisel coadyuva la demanda
Luego de que el Consejo de Estado admitiera la demanda presentada por Camacol, el senador Carlos Meisel aseguró que no solo coadyuvará esa acción judicial, sino que también pedirá medidas cautelares para que se suspenda el cobro mientras ese tribunal toma una decisión de fondo.
“Es por esto que estamos aquí también pidiendo las medidas cautelares para que se suspenda el cobro mientras que el Consejo de Estado en su inmensa sabiduría toma una decisión de fondo en esta controversia”, señaló el congresista, miembro de la Bancada Caribe.
Además recordó en un video desde la sede del Consejo de Estado, que esta corporación es donde pueden declarar nulo o no “este golpe al Caribe”.
“Esta información es muy importante para todos los atlanticenses y bolivarenses, estrato 4 y 5, incluso algunos 6, que no pueden asumir este cobro, este nuevo maltrato contra el Caribe, esta demanda defiende los intereses de los habitantes”, apuntó.
Según explicó Invías a EL HERALDO, el cobro de valorización tiene programado iniciar en el departamento Bolívar, más puntualmente, en la ciudad de Cartagena, en el primer trimestre del 2025. De acuerdo a la forma de pago establecida, el contribuyente tendrá un primer plazo de cinco meses, una vez recibida la cuenta, para hacer el primer pago con descuento, a los seis meses un segundo pago sin descuento y en caso de no acogerse a ninguna de las dos anteriores, podrá hacer el pago por cuotas diferidas trimestralmente. El término para interponer recurso de reposición en contra del acto es de 10 días hábiles.
