En una reunión a la que asistieron habitantes de diferentes sectores de Puerto Colombia y que contó con la participación de los senadores Carlos Meisel y Mauricio Gómez, así como de Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, los ciudadanos manifestaron su oposición al cobro de valorización en la vía Cartagena-Barranquilla y que afecta al Atlántico y Bolívar.
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El encuentro fue convocado por la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre y congregó a más de 80 personas, entre vecinos de zonas como Tajamares, Genovés, Pradomar y varios otros sectores de Puerto.
Durante el evento, el senador Carlos Meisel expresó su respaldo a la comunidad y enfatizó en la importancia de esta manifestación ciudadana en oposición al tributo impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
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“Fue un encuentro ciudadano espontáneo que contrasta mucho con las vacías reuniones del Invías a las que he asistido”, declaró Meisel, en referencia a la socialización organizada horas antes por el Gobierno Nacional, la cual contó con la participación de solo cuatro asistentes, entre ellos el propio senador.
Aprovechando la asistencia masiva en Villa Campestre, Meisel invitó a la ciudadanía a unirse a una movilización convocada para el 23 de noviembre en Barranquilla como muestra de rechazo al cobro de valorización, afirmando que existen “innumerables razones” para oponerse a esta medida.
La reunión también incluyó intervenciones de vecinos preocupados por el impacto del cobro. En diálogo con EL HERALDO, una residente de Villa Campestre manifestó su preocupación, señalando que el nuevo impuesto de valorización abarcará un área de cinco kilómetros a la redonda, afectando no solo a Puerto Colombia sino también a amplias zonas de Barranquilla.
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“Es muy preocupante porque nos va a afectar el bolsillo”, comentó la vecina a este medio, añadiendo que los fondos recaudados no permanecerán en la región, lo cual ha generado inquietud entre los habitantes.
Es algo delicado, nos afectará a todos en varios sectores.Es algo delicado, nos afectará a todos en varios sectores.
Además, la mujer expresó su preocupación por la falta de información de ciudadanos que, aseguró, desconocen el alcance de la medida y cómo impactará en sus finanzas: “Muchos dicen que la medida es para los ricos. No, eso no va a afectar solo a los ricos. Es algo delicado, nos afectará a todos en varios sectores”, afirmó.
Por su parte, Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre y organizador de la reunión, señaló que uno de los puntos clave que se trató en el evento fue el respaldo de la comunidad a la demanda interpuesta por el senador Mauricio Gómez, la cual ya fue admitida por la Corte Constitucional.
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“Los puntos más importantes fueron cómo respaldar la demanda y cómo trabajar de la mano con los senadores”, indicó Cianci. Expresó, además, que los habitantes se sienten asfixiados por el aumento de impuestos, en un contexto en el que también enfrentan problemas de infraestructura debido a las constantes inundaciones provocadas por las recientes lluvias.
De acuerdo con lo que señaló el líder comunal, para los habitantes de Puerto Colombia y las zonas circundantes que participaron en la reunión, la preocupación no se limita únicamente al aspecto económico, sino que refleja una percepción de que las decisiones del gobierno no consideran las realidades ni las necesidades locales.
Por su parte, el senador Mauricio Gómez, quien también asistió al evento, habló del papel de la comunidad en este proceso y precisó que la inconformidad va más allá de una cuestión política.
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“Creo que los principales protagonistas de esta demanda de no a la valorización son la comunidad, la gente que está alzando su voz, diciendo que no tienen cómo pagarla, que es un cobro ilegal, injusto e inequitativo”, comentó Gómez. Asimismo, afirmó que el respaldo de la comunidad es clave para que el magistrado de la Corte entienda que este es un clamor popular en defensa de los intereses de la región.
Además de la convocatoria a la movilización el 23 de noviembre, los organizadores anunciaron que recogerán firmas en apoyo a la demanda presentada ante la Corte, con la esperanza de detener el cobro de valorización y hacer visible su descontento ante las autoridades.
