Un grave problema de seguridad atraviesa el sector del transporte de carga en el país. Así lo reveló en días recientes la presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Nidia Hernández, durante el Congreso de Colfecar en Cartagena.
Las preocupaciones –que vienen en aumento– están relacionadas a los constantes bloqueos en las carreteras por parte de las comunidades, así como también el control territorial ejercido por lo grupos armados ilegales en varias de las regiones.
“Vemos con mucha preocupación la incineración de vehículos y extorsión no solo a los empresarios, sino además al cobro de ‘vacuna’ a los conductores que están recorriendo las carreteras nacionales”, afirmó la dirigente gremial en declaraciones a medios.
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La región Caribe se encuentra dentro de esos territorios de mayor vulnerabilidad en nivel de seguridad física para los transportistas, específicamente en los departamentos de Atlántico y Bolívar, según lo reveló la encuesta realizada por esta federación a sus afiliados.
Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander y Antioquia, también hacen parte de la lista de los departamentos con una alta inseguridad para los conductores.
Los datos dan cuenta del incremento de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias del Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. Este último con presencia mayormente en la Costa Caribe colombiana.
“En el último balance de orden público, según el Ministerio de Defensa, ha habido un retroceso en el control territorial con el agravante que la extorsión ha incrementado un 29 % y el secuestro un 70 %”, expuso Hernández.
En cuanto a los bloqueos, se refirió que en lo corrido de este año (entre enero y agosto) se han presentado un total de 471 en las vías nacionales y esto ha generado pérdidas al sector por $2.5 billones.
Para este caso, la región Caribe también se muestra como la zona del país con mayor número de bloqueos, efectuados principalmente en los departamentos de Bolívar (65), Atlántico (62) y La Guajira (41).
Son motivados por causas como la falta del servicio de energía y altas tarifas; el mal estado de las vías; temas de educación relacionados con el deterioro de la infraestructura, la falta de pago a docentes y baja asignación de maestros, así como carencia de rutas escolares.
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Por otra parte, las manifestaciones también han sido por fallas en el servicio de agua potable y los peajes ubicados en zonas que hacen parte de estos departamentos de la región.
Estas cifras aumentan cuando se hace un recuento desde el año 2023 hasta la fecha. Según lo expuso la presidenta de Colfecar, en 20 meses se han presentado 1.214 bloqueos con pérdidas que ascienden a los $6.1 billones.
En datos del año pasado (2023) los departamentos con mayor número de cierres son Bolívar con 143 bloqueos; La Guajira con 122; Atlántico con 111; Magdalena con 98; Córdoba con 97; Cesar con 57 y Sucre con 54.
“La reflexión a este tema es más de fondo, ¿qué está pasando con los gobernantes y el Gobierno nacional? Muchas veces se llegan a las mesas con estas comunidades que bloquean las vías, se comprometen con cosas y luego no les vuelven a cumplir. Desagraciadamente ese plato roto lo estamos pagando en gran medida los transportadores”, anotó Nidia Gutiérrez, quien a su vez hizo un llamado al Gobierno nacional y autoridades locales para reforzar la seguridad en las carreteras.
Dinámicas en el territorio
Para Luis Trejos, analista y docente de la Universidad del Norte, se debe tener en cuenta que los riesgos asociados al transporte de carga por carretera en el Atlántico y en Bolívar son diferenciados en la medida en que en el Atlántico hay una problemática que se deriva de la mala prestación del servicio de energía y también por el cobro de altas tarifas, mientras que el departamento de Bolívar es un tema –según dijo– más complejo por la presencia de grupos armados.
Señaló que en el Atlántico esta problemática con el servicio de energía hace que los ciudadanos encuentren en las vías primarias, secundarias y terciarias, un medio para manifestarse en contra de la mala prestación del servicio y reclamar el restablecimiento del mismo. Eso se ha visto reflejado –refirió– en la vía de la Cordialidad, en la Oriental y también en algunos momentos en la Vía al Mar.
“En Bolívar el tema complejo debido a la presencia de grupos armados organizados en dos territorios particulares. El primero es el sur de Bolívar, que se ubica dentro la subregión del Magdalena Medio, en donde no sólo que hay enfrentamientos entre grupos, sino también puestos de control de estos grupos en distintos lugares de la carretera. El segundo es Montes de María donde hay una presencia que no es en clave armada, pero que está en el territorio y muchos transportadores estarían siendo víctimas de extorsión para poder mover su carga sin verse afectados por la acción criminal de estas organizaciones”, explicó.
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Entretanto, Alejandro Blanco Zúñiga, analista y docente de la Universidad Libre, señaló que una posible explicación de esta inseguridad radica en la presencia de grupos armados ilegales que, al buscar controlar las rutas estratégicas, afectan directamente el transporte de carga.
“Estos grupos utilizan la extorsión como un medio de financiación, exigiendo pagos a los transportadores para permitirles el paso o garantizar su seguridad. Regiones como Atlántico y Bolívar, son claves para la movilización de mercancías, esta dinámica se intensifica debido a la competencia entre organizaciones armadas por el control de estos corredores viales”, expuso.
Por otro lado, manifestó que el estado de la infraestructura vial en estos departamentos también contribuye al problema. “Las malas condiciones de las carreteras no solo dificultan el tránsito de los vehículos de carga, sino que también facilitan el accionar de estos grupos ilegales y de manifestantes que, aprovechando las debilidades del Estado en estas zonas, imponen bloqueos prolongados”, dijo.
Precisó que la falta de cumplimiento de los acuerdos con las comunidades que protestan por condiciones socioeconómicas precarias agrava la situación, ya que los bloqueos –aseguró– se convierten en un mecanismo recurrente para exigir soluciones.
Mayor presencia estatal
Los expertos coinciden en que para hacer frente a esta problemática de seguridad para los transportistas, además de concertar acciones con el gremio, se debe fortalecer la presencia del Estado en los territorios.
“Se esperaría un despliegue institucional en términos de Policía, Ejército y otras autoridades en aquellas zonas que son más críticas dentro de las vías del departamento de Bolívar o de Atlántico y, en casos extremos, esperemos no retornar a la década de los 90 cuando el tráfico después de cinco o seis de la tarde, por ciertos sectores viales, era prácticamente imposible y se le sugería entonces a los transportadores cesar su actividad al caer el sol”, refirió Luis Trejos.
A su turno, Alejandro Blanco expuso que “para mejorar la seguridad de los transportadores, es necesario fortalecer la presencia estatal en estas zonas, tanto a nivel de seguridad como de infraestructura. La inversión en carreteras y la atención oportuna a las demandas sociales podrían reducir significativamente los bloqueos y la vulnerabilidad ante los grupos armados”.
Convenio para sumar capacidad operativa
El viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Enríquez, señaló que desde esa cartera, en conjunto con el Ministerio de Defensa y la Policía de Carreteras, se implementará un convenio para tener mayor capacidad operativa de lo que es la Dirección de Tránsito y Transporte en las vías del país.
El resto –dijo– ha sido un acompañamiento que se ha realizado desde el sector Transporte al sector de Defensa y del Interior para avanzar en este tema de seguridad.
“Reconocemos que estos bloqueos impiden la libre movilización de los ciudadanos y nosotros hemos sido mediadores y, que en ese juicioso ejercicio de diálogo, hemos venido recuperando espacios que han sido importantes para el sector transportador”, apuntó.
