En medio de las protestas que se realizan en el peaje Papiros, que han llevado a enfrentamientos entre los manifestantes y los uniformados, este medio conoció que el pasado 12 de septiembre la Concesión Costera Cartagena-Barranquilla S.A.S presentó un derecho de petición en el que solicitó a la Alcaldía de Puerto Colombia, Gobernación del Atlántico, Policía Nacional, Policía Metropolitana de Barranquilla y a la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico garantizar que el concesionario pudiera retomar las actividades de operación y cobro en la caseta desde el día 13.
En ese sentido, la concesión Ruta Costera pidió a las autoridades el “restablecimiento del orden público”, alegando que el peaje “se encuentra perturbado” por los manifestantes que “se encuentran impidiendo el acceso del personal para que puedan ejercer sus funciones con normalidad y realizar el cobro de este tributo especial”.
“(...) El bien operado y mantenido por Ruta Costera; corredor Cartagena – Barranquilla, es denominado como bien de uso público, protegido en el artículo 82 de la Constitución Nacional, en el cual se indica que es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público el cual prevalece al interés particular. (...) Se solicita tomar las acciones contundentes a fin de asegurar la integridad de las personas que se encuentran en el peaje, de los transeúntes de la vía, la infraestructura vial y el funcionamiento óptimo de las casetas de recaudo”, indica el documento.
Ruta Costera sostuvo que en el retorno se debía garantizar “la integridad de los usuarios y trabajadores del concesionario y la infraestructura vial, puesto que los mismos se pueden ver comprometidos por actos de vandalismo, como cercenar la movilidad de quienes transitan el corredor, la destrucción de los bienes públicos, incitar o persuadir a que se siguen cometiendo la pérdida del tributo denominado “peaje”. En ese sentido, en atención a la función pública que les asiste se debe garantizar el orden público en el peaje de Papiros y los derechos de todas las partes”.
Para tal fin la concesión consideró “necesaria” la intervención de la Policía, tanto para que se garantizara la movilidad en el corredor vial como para prevenir “posibles hechos violentos”.
“(...) Se debe contar con la presentación permanente de las autoridades policivas, inclusive del UNDMO, hasta tanto no se determine que la situación se encuentra controlada y que, por ende, no se pondrá en riesgo la vida e integridad de los funcionarios, de los usuarios del corredor y de los bienes de uso público”, se lee en el derecho de petición.
Dos días después, el 14 de septiembre, el Ministerio de Transporte confirmó la suspensión del cobro del peaje Papiros en horas establecidas para todas las categorías. De acuerdo con la resolución No 20243040043395, la medida aplica en la siguiente franja horaria: de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.; mientras que los fines de semana y festivos, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Además, el Mintransporte señaló que la suspensión de cobro se realizará hasta el día 13 de noviembre de 2024.
Sin embargo, fuera de las franjas horarias señaladas se continuará aplicando las tarifas diferenciales establecidas en la Resolución No. 20243040030055 del 1 de julio de 2024 para Categorías IE y HE, así como las establecidas para las categorías IVE, VE, IVE y VIIE mediante a Resolución No. 20233040025255 del 18 de junio de 2023.
El lunes 16 de septiembre el cobro para las categorías 1 y 2 se retomó en el peaje Papiros, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte tras nuevas mesas de negociación. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por parte de la comunidad, por lo que también volvieron las manifestaciones en la caseta.
La tensión en el peaje aumentó con la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UDMO, anteriormente conocida como Esmad, para disolver las protestas. Hubo enfrentamiento entre agentes y manifestantes, así como detenciones de algunas personas.
De este procedimiento policial trascendió una denuncia de acoso sexual por parte de “cuatro uniformadas” contra una de las manifestantes, identificada como Karol Solís, quien dio a conocer su versión a través de un video compartido en redes sociales.
Una fuente le dijo a EL HERALDO que la Policía está evaluando el procedimiento que se realizó el pasado lunes en la zona del peaje, ubicado en Puerto Colombia.
