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El Tribunal de Barranquilla está en pleno proceso de evaluar posibles acciones de desacato relacionadas con la protección de la Isla Salamanca, tras el devastador incendio que arrasó más de 40 hectáreas de este importante ecosistema.

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La solicitud de investigación fue presentada el pasado 30 de abril por la Procuraduría Ambiental y Agraria, en cabeza de su máximo representante, el procurador ambiental Carlos Arrieta Martínez. La petición en cuestión fue para que se “verificara el cumplimiento” de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de proteger la reserva natural; puesto que, según el funcionario, debido al número de quemas que se han generado últimamente se hace necesario revisar “las medidas implementadas en los instrumentos de planificación ordenados en la sentencia y la efectividad de estas”.

De acuerdo con lo que dio a conocer el medio de comunicación digital ‘30dias.co’, la solicitud fue recibida por el magistrado Bernardo López, quien a su vez, el pasado 5 de mayo, la envío como un requerimiento directo al presidente Gustavo Petro, la ministra de Ambiente Susana Muhamad, el director de Parques Nacionales Luis Martínez Zamora y el director de Corpamag, en busca de acreditar el cumplimiento de la sentencia STC 3872-2020, que otorgó derechos al Parque Salamanca.

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Cabe resaltar que la orden de la Corte a la cual se hace referencia es la proferida por el magistrado Octavio Tejeiro Duque el 18 de junio de 2020. En esta, el Alto Tribunal determinó que las entidades que tienen bajo su jurisdicción este parque natural deben protegerlo para evitar que continúen la deforestación y su destrucción a través de incendios.

“El ser humano no es superior a la naturaleza ni, por tanto, está legitimado para usarla indiscriminadamente como un objeto (...) En consecuencia, entre ellos existe una relación interdependentista que supone su disfrute mutuo en términos razonables, equitativos, no abusivos y ponderados”, precisó Tejeiro en su determinación.

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No obstante, el incendio, que presuntamente fue provocado por colonos, generó una preocupante contaminación atmosférica que afectó todo el distrito durante seis días.

Los bomberos de Parques Naturales y Sitionuevo se enfrentaron al fuego, extendiendo sus jornadas a más de 10 horas de arduo trabajo. Solo con la ayuda de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional se lograron controlar las llamas, que al final terminaron ocasionando daños notables e irreparables a la fauna y la flora del ecosistema.

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Este no es un incidente aislado; desde la emisión de la sentencia en junio de 2020, varios incendios han afectado a la Isla Salamanca, provocando la destrucción de cientos de hectáreas de vegetación. De hecho, datos oficiales revelan que entre 2015 y 2022, antes de la sentencia, se registraron 63 incendios, en su mayoría atribuidos a colonos, pescadores y cazadores furtivos.

El magistrado Bernardo López, quien está a cargo de la investigación actual, previamente había rechazado un incidente de desacato similar presentado por activistas ambientales en enero de 2023. Sin embargo, la gravedad de la situación actual y el persistente incumplimiento de las medidas de protección ambiental han llevado al tribunal a tomar medidas más firmes.