Desde hace varios meses, la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla, la Corporación Empresarial del Oriente del Atlántico, Camacol Atlántico, Asoganorte, Fenalco, el Grupo Argos, Marval, Construcciones e Inversiones Beta y Valorcón, entre otros, denunciaron el grave problema que se está presentando con la ocupación ilegal de tierras en Barranquilla y su área metropolitana.
Los gremios solicitaron acciones para desarticular a las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita que, a través de amparos policivos, certificados de tradición y distintos documentos duplicados o ilegales, que cuentan con el beneplácito de funcionarios de varias jurisdicciones, continúan adueñándose de terrenos de terceros.
Esta denuncia, en voz de los afectados, fue escuchada por la Procuraduría General de la Nación, que viene trabajando junto con la Fiscalía y las autoridades locales en acciones concretas para ponerle freno a este fenómeno.
Uno de los casos, que fue dado a conocer en EL HERALDO en la edición del pasado 20 de octubre, es el del predio Santa Isabel. De acuerdo con la queja presentada por una empresa dedicada al sector de la infraestructura, los continuos intentos de ocupaciones ilegales de estos terrenos ubicados en el norte de Barranquilla, por la Vía al Mar, en los límites con Puerto Colombia, ha originado un lío jurídico que aún no se resuelve.
En 2017, mediante Sentencia Judicial definitiva, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó la restitución de Santa Isabel a esta compañía ante invasión de terceros perturbadores, y reconoció a Grupo Argos como único dueño de Santa Isabel. Grupo Argos ha tenido conocimiento de que, al parecer desde antes de 2018, terceros han ofrecido ilegalmente en venta Santa Isabel con un folio de matrícula inmobiliaria de un terreno en Puerto Colombia de 26 hectáreas llamado 'La Playa'. Ese predio, de acuerdo con la que, se formó de manera irregular, de hecho, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla en 2019 revocó la inscripción de varias escrituras públicas que constaban en el mismo; sin embargo, el folio continúa activo, según lo señalado por la empresa.
La otra parte en este pleito defiende sus intereses con documentos. Jairo Molinares señala que es el dueño y poseedor, desde 1980, de la finca La Playa, terrenos que –según los documentos presentados por Molinares– tienen una tradición de más de 80 años, la cual estaría respaldada por escrituras con matrícula inmobiliaria 'totalmente legales'.
Por esta circunstancia, Molinares asegura que no es invasor y cuestiona que se haya visto involucrado en esta situación, tras advertir que los predios de La Playa 'no tienen nada que ver' con los terrenos de la finca Santa Isabel que, dice Molinares, colindan con los terrenos de su propiedad.
También cuestiona la intervención de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) que terminó -según señala– en la salida forzada de su familia del predio.
Jairo Molinares afirma que la finca Santa Isabel consta de 38 hectáreas y no 61,5 hectáreas como lo asegura el grupo empresarial.
