Desde el 12 de julio de 2016, Gas Natural Fenosa inició una controversia contra Colombia para iniciar un 'arreglo amistoso' en un periodo de seis meses, advirtiendo que 'la protección a los inversionistas es condición indispensable para que recursos del exterior continúen llegando y se destinen al desarrollo del país'.
Sin embargo, en noviembre de 2016 se activó la toma de posesión del Electricaribe tras cuatro días de diálogos entre las partes en Bogotá, en los que el Gobierno exigió una capitalización de la empresa pero la respuesta de la multinacional fue negativa.
El 18 de enero de 2017, caducado el tiempo del 'arreglo', la compañía con casa matriz en España le dijo a este diario que a partir del 3 de marzo de ese mismo año demandaría a Colombia ente el CIADI, del Banco Mundial, con sede en Washington.
El reclamo de $3,6 billones correspondía, según la multinacional, 'a la deuda acumulada por fraudes e impagos, en más de 16 años, de miles de clientes de Electricaribe'.
Luego, el 14 de marzo de 2017 se anunció la liquidación de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios, tras vencerse los cuatro meses de intervención y argumentando que la empresa estaba al borde de una 'cesación de pagos' a las generadoras, que amenazaban con limitaciones de suministro que hubiesen ocasionado unos racionamientos masivos en la Costa, y que además no garantizaba las 'condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y la calidad debidas'.
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La demanda se conoció el 22 de marzo de 2017 cuando Gas Natural, en un oficio de 39 páginas, solicitó el inicio del procedimiento arbitral para reclamar a Colombia la devolución de su filial Electricaribe o la indemnización de más de 1.000 millones de dólares.
Pidió en este procedimiento que el Gobierno le devolviera Electricaribe 'en un marco regulatorio viable' y, en su defecto, que le compense por un importe superior a los 1.000 millones de dólares.
Así mismo, argumentaba 'ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años' en Colombia y consideraba que la toma de posesión de Electricaribe 'constituye una expropiación sin indemnización', agregando el 'hostigamiento' que, en su opinión, ejerció el Gobierno 'sobre un inversor internacional y las personas a su servicio'.
Y la contrademanda fue interpuesta por Colombia en diciembre de 2018 por parte de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, ante el CIADI. El valor estimado de la reclamación de Colombia ascendía en ese momento a los $1,7 billones, incluyendo intereses.
Entre el 5 y el 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia en el arbitraje, en la que Colombia argumentó que había tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio, ya que 'las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos'.
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