La Procuraduría Provincial de Barranquilla formuló pliego de cargos contra el ex alcalde de Puerto Colombia Steimer Mantilla Rolong, dentro del proceso disciplinario que se sigue en su contra por las presuntas irregularidades que se habrían registrado en el trámite del Plan Básico de Ordenamiento Territorial —PBOT— del municipio.
De acuerdo con el ente de control, Mantilla dentro del proceso de revisión del PBOT, dispuesto en el acuerdo 002 del 10 de marzo de 2017, por medio del cual se adoptó modificar de manera excepcional el conjunto de normas urbanísticas del decreto 0283 de 2008, omitió aportar los soportes técnicos de estudios ambientales.
Asimismo, el Ministerio Público dijo que el exalcalde omitió cumplir el 'principio de publicidad', en la etapa de formulación del Estudio Técnico 2016, que determina la necesidad de realizar modificaciones excepcionales al conjunto de normas urbanísticas en el municipio de Puerto Colombia.
La Procuraduría también sostuvo que el exmandatario omitió cumplir el 'principio de publicidad' en otras etapas del trámite del documento, es decir, las que se surtieron ante Consejo de Gobierno el 27 de julio de 2016 y ante el Consejo Consultivo de Planeación el 4 de agosto de ese mismo año.
'No consultó ni solicitó las opiniones de los gremios económicos y agremiaciones de profesionales; no realizó las convocatorias públicas para hacer públicos los documentos, ya que era un imperativo de orden legal, concertar y consultar a dichos gremios económicos, profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio de Puerto Colombia', afirmó la Procuraduría en el documento de formulación de cargos.
Igualmente —dijo el Ministerio Público— el entonces alcalde de Puerto Colombia 'inobservó el principio de publicidad' en las etapas de concertación ante la Junta del Área Metropolitana, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el Consejo Territorial de Planeación.
El despacho de la Procuraduría señaló que 'sobre la conducta desplegada por el servidor público Steimer Alí Mantilla Rolong se considera provisionalmente que existen los elementos que configuran la existencia de culpa como componente subjetivo de su actuar, pues el material probatorio allegado al proceso permite inferir que actuó de manera proactiva'.
Así que la imputación subjetiva –manifestó el ente de control– es a título de culpa, ya que Mantilla Rolong tenía conocimiento del deber funcional encomendado por mandato constitucional y legal, y pese a ello lo infringió de manera injustificada.
La Procuraduría, en el auto fechado el 30 de septiembre de 2020, también ordenó archivar de manera definitiva el proceso que igualmente se adelantaba contra Mauricio Altahona Colpas, quien fungía como secretario de Desarrollo Territorial de Puerto Colombia para la fecha de los hechos.
El caso. El Acuerdo que reglamentó las modificaciones al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Puerto Colombia fue aprobado en 2017 por el Concejo Municipal.
El contenido del documento fue duramente criticado por varios sectores por los cambios de suelo que contenía, especialmente en la zona de Caujaral y en la ronda del arroyo León, razón por la cual fue demandado ante el Tribunal Administrativo del Atlántico.
El Tribunal, en una decisión del 7 de diciembre declaró inválida la revisión excepcional de la norma urbanística, por no cumplir con las socializaciones y no realizar los estudios previos, entre otras consideraciones.
Dentro de las reformas cuestionadas y declaradas inválidas y que contempla el Acuerdo N° 002 de marzo de 2017, está el uso del suelo en áreas aledañas al Lago del Cisne y al Club Lagos de Caujaral, permitiendo la construcción de edificios con una altura superior a los 20 pisos.
Igualmente, el incremento de la densidad habitacional en sectores cercanos a Villa Campestre, pasando de 4 a 240 viviendas por hectárea neta urbanizable, una cifra equivalente al 50% de Barranquilla.
El fallo también sanciona que la administración municipal no haya tenido en cuenta la participación democrática al no solicitar opiniones de los gremios económicos y agremiaciones profesionales. Tampoco se realizaron convocatorias públicas necesarias, ni cumplieron con las respectivas etapas de concertación.
En ese momento, la Veeduría Ciudadana de Puerto dijo que las reformas hechas al PBOT daban vía libre a la expansión urbanística en zonas donde antes no se contemplaba por ser 'zonas protegidas'.
A pesar de esto, el 13 de diciembre el alcalde Mantilla sancionó la norma urbanística por medio del Decreto 013 de 2017.
El proceso en la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación, tras una denuncia interpuesta en el ente acusador, por las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proceso de revisión ordinaria del PBOT y la modificación excepcional aprobada mediante un Acuerdo del Concejo Municipal.
Los investigados en este proceso son el exalcalde de Puerto Colombia Steimer Mantilla Rolong y los concejales de ese periodo.
En mayo del año pasado, la Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de prevaricato por acción y asociación para cometer un delito contra la administración pública a Mantilla y a los 13 concejales que aprobaron las modificaciones.
La Fiscalía ha inspeccionado en tres oportunidades la Alcaldía para buscar las pruebas.
