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Congresistas de la llamada Bancada del Atlántico le solicitaron al Ministerio de Transporte un Conpes de Seguimiento para el fortalecimiento de Transmetro y la sostenibilidad de la operación tras el impacto de la COVID-19. 

Los legisladores señalaron sentirse preocupados por la 'situación de riesgo' en la que se encuentra la prestación del servicio público de transporte en el área metropolitana de Barranquilla, sobre todo de Transmetro. 

Explicaron que las medidas decretadas por el Gobierno en pro de mitigar la propagación de la COVID-19 y la adopción de protocolos de bioseguridad como el aislamiento social implican la reducción de ingresos por cada vehículo del servicio de transporte.

Por esta razón ven necesario generar herramientas 'ágiles y oportunas' que permitan a los entes territoriales contar con recursos líquidos en la magnitud de lo requerido para garantizar la prestación del servicio.

Los congresistas recordaron que en el Decreto 575 de 2020 el Gobierno habilitó la posibilidad de hacer uso de los recursos pendientes por ejecutar en los convenios de cofinanciación de los diferentes sistemas integrados de transporte masivo (SITM ) del país para dirigirlos a la sostenibilidad de la operación. 

Señalaron que, en el caso de Barranquilla, el convenio ha sido ejecutado casi en su totalidad, lo que deja una disponibilidad de recurso muy inferior a las necesidades del servicio. 

Dijeron que la medida fue habilitada solo hasta el 31 de agosto de 2020, lo cual no se ajusta a la realidad de la emergencia, ya que –aunque no se prorroguen las fechas de aislamiento– será necesario conservar las medidas de distanciamiento social, lo que limitará la ocupación de los vehículos.

La bancada resaltó que la oferta de vehículos de los SITM se realiza con una ocupación de siete pasajeros por metro cuadrado en hora pico, lo que no es posible si se quiere garantizar las medidas de aislamiento.

Antes de la crisis sanitaria los sistemas masivos del país tenían dificultades financieras debido a que la tarifa de usuarios no era suficiente para cubrir la tarifa técnica, según los congresistas.

'Se podía exceptuar de esta lista a Transmetro, gracias a una estrategia local desarrollada con el concurso del Distrito, el Área Metropolitana, Transmetro y las empresas de transporte público colectivo (TPC), a las que se autorizó el cobro de un factor en la tarifa usuario con destino a la sostenibilidad de Transmetro', dijeron.

Sin embargo, desde el inicio de las medidas de aislamiento fue necesario suspender el recaudo y permitir a las empresas hacer uso del 100% de la tarifa usuario para cubrir los costos asociados a su propia sostenibilidad, evitando con ello incrementos para el usuario y mitigando la problemática económica del sector. 

No obstante, considerando la posibilidad del Gobierno de financiar hasta el 70% de los proyectos SITM y que en el caso del convenio suscrito con Transmetro y el Distrito el aporte porcentual del Gobierno es inferior a dicho límite, 'consideramos necesario aprovechar esta oportunidad para balancear el convenio, pudiendo el Gobierno aportar cerca de 260 mil millones de pesos constantes de 2019'.

Indicaron que ese aporte se destinará a la ejecución de obras de infraestructura que mejoren la cobertura y calidad del servicio creando una conexión entre la estación de retorno Joe Arroyo y el Gran Malecón de Barranquilla, utilizando para ello el corredor de la calle 72 y adecuando las calles 70 y 74 como par vial para el tráfico mixto. 

Así mismo, aseguraron que parte de los recursos serán utilizados para coadyuvar a la sostenibilidad de la operación mencionada y para cubrir el costo financiero que surja entre el cronograma de obras de Transmetro y las vigencias futuras que permita el marco fiscal de la Nación. 

Afirmaron que los aportes del Distrito serán los primeros en ser dispuestos para la estrategia de sostenibilidad de la operación y cubrir los compromisos contractuales que el ente gestor ha suscrito en desarrollo del proyecto.

Sobre el tema, Martha Villalba resaltó que el problema de Transmetro no surge a raíz de la pandemia. Sin embargo, este ha 'acelerado la crisis'.

Indicó que hay un problema de tipo estructural desde el inicio ya que el sistema de transporte fue diseñado para un número de usuarios alrededor de 350.000 y que en las mejores épocas –que ha tenido Transmetro– el número de pasajeros no llega al 60%.

A su turno, el senador Armando Benedetti puso de presente que el decreto ley 575 del 2020 lo que pretende es que la Nación cofinancie los sistemas de articulado de transporte masivo, aunque en la ciudad debe tener una vigencia especial.

'En el caso del de Barranquilla necesitamos que se extienda ese decreto ley por lo menos un año y medio más. Por lo tanto, lo que se busca es que se extienda ese decreto para que se pueda financiar o cofinanciar Transmetro desde la Nación debido a la pandemia', explicó el congresista.