La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años al alcalde de Sabanagrande, José Mario Romero Cahuana (partido Cambio Radical), y al secretario de Hacienda, Arot Guillermo Caballero Gómez, por irregularidades en el manejo de más de $10.579 millones, embargados a una empresa particular en desarrollo de un proceso coactivo.
Así lo dio a conocer el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, durante su visita a Barranquilla, donde también hizo el lanzamiento de la campaña 'Con la Procuraduría todos tenemos que ver, todos contra la corrupción'.
El Ministerio Público señaló que los investigados desconocieron que contra la medida del embargo se adelantaba un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, que les impedía disponer de esos dineros hasta tanto existiera un fallo definitivo.
Igualmente, señala el Procurador, no accedieron a ordenar el desembargo pese a que la empresa afectada cumplió con los requisitos exigidos para que se levantara esa medida cautelar.
Para la Procuraduría, con su actuación los disciplinados vulneraron los principios de responsabilidad, moralidad e imparcialidad de la función administrativa, por cuanto dispusieron de los recursos embargados sin que existiera una decisión definitiva que les permitiera actuar de esa manera.
Es de anotar, que el fallo es de primera instancia.
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Caso Merlano: investigan a tres diputados y tres concejales
La Procuraduría también ordenó apertura de investigación disciplinaria contra tres diputados del Atlántico, dos concejales de Barranquilla y uno de Soledad, relacionados con el caso de Aida Merlano, por presunta compra de votos en los comicios del 11 de marzo de 2018.
Se trata de los diputados Adalberto Llinás, Margarita Balén y Jorge Rangel Bello; los concejales del Distrito de Barranquilla, Aissar Castro y Juan Carlos Zamora; y el cabildante de Soledad Jorge Mejía Iriarte.
Carrillo explicó que tras la denuncia radicada por representantes de la Comisión Nacional Electoral, en calidad de observadores, la Procuraduría Regional del Atlántico busca establecer la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la presunta compra de votos a $40.000, la entrega de subsidios de transporte y una bonificación equivalente al 10% por cada sufragio.
'Como lo he repetido muchas veces que aquí estamos frente a la actuación de una empresa criminal electoral y el tratamiento que le ha dado la Procuraduría desde el punto de vista disciplinario ha ido en esa dirección. Aquí hay responsabilidades individuales, pero operó como una estructura corporativa, al servicio de delitos electorales, que por supuesto tienen incidencia de carácter disciplinario', expresó.
Museo de Arte Moderno
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar del Ministerio de Cultura y la Financiera de Desarrollo Territorial –Findeter–, por presuntas irregularidades en la construcción del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, MAMB.
El propósito es determinar si las obras se encuentran paralizadas y abandonadas o, por el contrario, se están ejecutando por parte del contratista, así como establecer el uso adecuado de los recursos girados por la Nación para la construcción del escenario.
Empresas de fumigación en concursos de personeros
Carrillo dijo que el país está indignado con los procesos de elección de los personeros. Puesto que se convirtieron en escenarios de la 'más baja política', y de la intervención de empresas y personajes cuestionados y no idóneos para realizar los concursos: como en el caso del PAE y las pechugas de $40.000, en la elección de personeros están apareciendo empresas de fumigación, de limpieza de edificios, de recolección de desechos. 'Eso es absolutamente lamentable e indignante', dijo.
En el caso del Atlántico está suspendida la resolución que reglamentó la convocatoria. 'Puedo afirmar que aquí no habrá personero, por lo menos en este año, porque se presentaron irregularidades'.
Detención de ciudadana
La Procuraduría también abrió dos indagaciones relacionadas con aparentes abusos de los miembros de la Fuerza Pública en Bogotá, en casos que estarían relacionados con la presunta detención irregular de una ciudadana y la eventual agresión a un periodista.
Valoran pruebas del PAE
Carrillo dijo que abrieron investigación disciplinaria y están en el proceso de valoración de las pruebas. Posteriormente determinarán si esas pruebas conducen al pliego de cargos y de aquí se derivarían todas las consecuencias disciplinarias para quienes han atentado contra el derecho a la alimentación y a la educación de los niños del Atlántico.
Concejales de Soledad
Antes del 20 de diciembre habrá una decisión sobre el caso de los concejales de Soledad que ya está en su recta final. 'Esto no quedará en el aire', dijo.
Suspensión de alcaldes
El procurador dijo que en los casos de los alcaldes de Puerto Colombia, Manatí, Repelón, Santo Tomás y Campo de la Cruz, en Atlántico, y Pedraza, en el Magdalena, la justicia ratificó las competencias de la Procuraduría para suspender y destituirlos.
Caso Aguilar
Por último, Carrillo calificó de 'buen precedente' en la lucha contra la impunidad el que la Corte Suprema de Justicia haya acogido la solicitud de la Procuraduría de retomar el proceso contra Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, por el proceso de enriquecimiento ilícito.
