El proyecto de construcción de una megacárcel en el municipio de Candelaria quedó en vilo, como consecuencia de la decisión del juez primero promiscuo municipal de Candelaria, que deja sin efecto la Ordenanza 000463 de 2019, por medio de la cual se autorizó al Gobernador del Atlántico tramitar 'el título de compraventa de un inmueble con destino a la construcción de un establecimiento de reclusión del orden nacional, para el fortalecimiento de la política carcelaria'.
En su fallo, el juez concede el amparo del derecho fundamental a la consulta previa reclamado por la comunidad afrodescendiente del municipio de Candelaria, representada a través del Consejo Comunitario de Afrodescendientes Nelson Mandela de esa población.
La decisión del juez, plasmada en un documento de 21 páginas, también insta a la Gobernación del Atlántico para que realice las consultas previas con las entidades étnicas del municipio de Candelaria, antes de que se tomen 'medidas administrativas susceptibles de afectarlos directamente'.
Del mismo modo, previene a la Asamblea Departamental para que en el futuro se abstenga de permitir cualquier medida administrativa que incida sobre los derechos de las minorías étnicas; es decir, que antes de cualquier actuación se agote el requisito de la consulta previa.
Gobernación impugnará. El secretario del Interior del Departamento, Jorge Ávila, dice que recibieron el fallo con sorpresa porque la Ordenanza ya está ejecutoriada, pues el lote ya fue adquirido y se hizo insinuación de donación, un trámite que fue aceptado por parte del Inpec.
Según el secretario del Interior, esta actuación no puede retrotraerse y el juez, en su concepto, 'excedió sus funciones de Juez Constitucional y actuó como juez de instancia, dejando sin efectos la ordenanza, porque están establecidos en ley mecanismos para retirar actos del ordenamiento jurídico.
El funcionario señala igualmente que en esta acción judicial debió haberse vinculado a otras partes, como el Ministerio de Justicia, lo cual —dice Ávila— no se hizo.
Igualmente, explica que la Gobernación del Atlántico consultó el tema con el Ministerio de Justicia, quien le respondió que la consulta previa debía hacerla el ejecutor, y el departamento no será el ejecutor de la iniciativa.
Finalmente, Jorge Ávila anunció que el departamento impugnará el fallo.
