Una nueva demanda fue presentada contra el Municipio de Puerto Colombia y el Concejo Municipal por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot.
En esta oportunidad, el demandante es la Procuraduría General de la Nación, quien pide que se declare la nulidad total del acto administrativo de carácter general, contenido en el Acuerdo 013 del 5 de diciembre de 2017, 'por el cual se adopta la revisión general del Pbot'.
La demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación fue admitida el pasado 23 de mayo y mediante oficio de fecha 11 de junio enviaron notificación a las partes. En este caso el Ministerio Público está representado por Jaime Alejandro Díaz Vargas, Welfran de Jesús Mendoza Osorio, Javier Francisco Lizcano Rivas y Juan Antonio Spirko Payares, quienes desempeñan sus funciones en calidad de procuradores judiciales para asuntos administrativos.
Fundamentos
En el cargo de nulidad, la Procuraduría señala que la vigencia de 12 años del Pbot, adoptado por el Acuerdo 037 de 2000, feneció en 2012 y como el Municipio no adoptó nuevamente un plan básico, la comisión produjo la renovación automática por 12 años más; es decir, hasta el 2024.
Posteriormente, el Concejo de Puerto Colombia aprobó el Acuerdo 010 de 2008, que modificó el Pbot, el Estatuto de Normas Urbanísticas Específicas y el Estatuto de normas específicas del componente rural de Puerto.
Es de anotar que el 7 de diciembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Atlántico, en un fallo de única instancia, lo declaró 'inválido' por violación a la Constitución. (Ver recuadro)
Normas violadas
Con el cargo de nulidad, la Procuraduría argumenta que el Concejo de Puerto carecía de competencia temporal para expedir el Acuerdo 013 de diciembre de 2017.
Señala, además, que a pesar de renovarse la vigencia del Acuerdo 037 de 2000 hasta el 2024 el Concejo aprobó el Acuerdo 'por el cual se adopta la revisión del Pbot'.
Dicho acuerdo fue sancionado por el alcalde sin presentar objeción alguna a pesar de la renovación automática del acuerdo.
Ajustes
Una vez el documento fue remitido por el alcalde Steimer Mantilla al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para su respectiva revisión jurídica, los secretarios de Planeación y Jurídico, Cecilia Arango y Rachid Nader, respectivamente, se abstuvieron de dar un concepto técnico positivo sobre el contenido del Acuerdo de revisión y ajuste del Pbot hasta que el Municipio entregara 'completo' lo relacionado con la gestión del riesgo.
En el plan de concertación ambiental de agosto 22 de 2017 se estableció una ronda hídrica de 50 metros en zonas priorizadas para conservación, en cada uno de los lados de los arroyos San Luis, Mateo, Chiquito, Peronillo, Simón, Blanco, Mono, Caña, Grande y arroyo León y en el acuerdo demandado se fijó, contrariando la concertación ambiental, una ronda de 30 metros.
En ese mismo plan de concertación ambiental con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico se incluyó el arroyo León como zona priorizada para conservación. Sin embargo, en las zonas priorizadas para conservación fijadas en el Acuerdo demandado, dan cuenta de que en tal categoría no fue incluido el arroyo León.
'La administración de Puerto no tenía la competencia de presentar un proyecto de revisión total del Pbot, en razón a que ya había operado su prórroga automática por 12 años', dice la Procuraduría en su demanda.
En el documento indica, además, que esa administración solo está habilitada, dentro de los 6 meses anteriores al 31 de diciembre de 2024, fecha de vencimiento de la nueva vigencia para iniciar el trámite para la formulación del nuevo plan.
Karen Ricardo, asesora jurídica del despacho del alcalde de Puerto Colombia, manifestó que el municipio no ha sido debidamente notificado, pero que una vez se cumpla este trámite contestarán en defensa del proceso y emitirán la respectiva respuesta al Juzgado y a la Procuraduría.
'Como administración municipal hemos estado siempre prestos a entregar toda la información, documentación, declaraciones referentes al Pbot y a la modificación excepcional. Tenemos cada día funcionarios y peticiones al respecto y hemos dado el debido trámite a cada una de ellas'.
Ricardo dijo que se trata de una nueva investigación que será contestada por uno de los abogados de la administración en defensa de los intereses del municipio. En la respuesta explicarán cada uno de los trámites realizados para la aprobación del PBOT.
Declaran ilegalidad
En enero pasado, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró como 'inválida' la modificación de un conjunto de normas que integran la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia por 'violación a la Constitución y la ley'.
En esa oportunidad, Ángel Hernández Cano, magistrado del alto tribunal, consideró que durante la elaboración del instrumento de planeación urbanística 'se vulneraron los principios de eficiencia, transparencia, celeridad y economía'.
El magistrado también detectó juicios de validez ante la falta de documentos que soporten la revisión de las modificaciones, teniendo en cuenta que son fundamentales para el nuevo PBOT. Según el magistrado, el proyecto carece de estudios técnicos que sustenten el mismo, por lo que 'es inviable que el Concejo pueda valorar la información objetivamente'.
