En desarrollo del Comité de Justicia Transicional extraordinario y ampliado a los alcaldes, que fue convocado por Gobernación del Atlántico, se acordó este jueves conformar una mesa técnica para estudiar la sentencia judicial contra 12 jefes paramilitares.
La sentencia, conocida como ‘fallo Salvatore Mancuso’, será revisada con el fin de establecer con claridad cómo y quienes deben ser reparadas las víctimas, de tal manera que se le dé cumplimiento a la decisión.
La sentencia, proferida por la magistrada Léster María González Romero de la Sala de Conocimiento Justicia y Paz de Bogotá, reconoce a 10.823 víctimas en el país, de las cuales 3.000 están en el departamento del Atlántico.
El Comité también determinó que los entes territoriales relacionados en el fallo se encargarán de identificar y localizar a las víctimas para cumplir con las medidas de reparación, que incluyen los componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición.
El fallo establece que seis municipios del Atlántico también deberán reparar a estas víctimas desde el punto de vista administrativo. Esto significa acceso a la educación, a la salud y a programas de generación de ingresos, lo mismo que un 'pedido de perdón'.
La coordinadora de Víctimas de la Secretaría del Interior, Karen Osorio, explicó que la sentencia es un fallo parcial que, inicialmente, involucra a los municipios de Polonuevo, Sabanalarga, Repelón, Soledad y Ponedera, lo mismo que a Barranquilla. La segunda etapa del fallo involucrará a todos los territorios municipales porque las 3.000 víctimas corresponden a todo el departamento.
'Esta mesa es muy importante porque en la medida en que estudiemos el fallo podemos ir dando cumplimiento al mismo que cubre los escenarios de indemnización, reparaciones administrativas, acceso a la educación superior y a la salud y medidas de retorno orientadas hacia procesos productivos y generación de ingresos en materia agrícola', sostuvo Osorio.
Presupuestos municipales
Osorio indicó que para garantizar el cumplimiento de este fallo, los alcaldes deben incorporar los recursos necesarios en sus planes de acción territorial.
'Esto es una sentencia judicial y más allá del proceso de reparación a las víctimas hay un juez que hará seguimiento a las medidas implantadas en su sentencia, cuyo incumplimiento genera sanciones judiciales', afirmó la funcionaria.
Esta sesión extraordinaria del Comité estuvo presidida por el gobernador (e), Rachid Náder, y el secretario del Interior, Guillermo Polo. Asistieron los representantes de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Sena, Policía del atlántico, Mebar, Unidad para las Víctimas, Fiscalía, ICBF, Prosperidad Social, Unidad Nacional de Protección, Agencia para la Reincorporación y Normalización, así como de las alcaldías municipales y del distrito de Barranquilla.
