Las diferencias entre el Municipio de Soledad y Triple A por el contrato de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado aún no se resuelven. Los puntos en discusión van más allá de una 'simple liquidación del contrato' donde está en juego la continuidad de la operación en manos de la empresa de servicios, pese a que ninguna de las partes quiere dar por terminada la relación contractual.
Las reclamaciones de uno y otro lado tienen como base algunos apartes del contrato que establecieron, entre otras cosas, un paquete de inversiones en los 20 años de vigencia del convenio por parte de la empresa contratista y las obligaciones del Municipio frente al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI).
Las reuniones para evaluar el cumplimiento de los compromisos comenzaron hace seis meses atendiendo lo que ordena la ley de contratación, que establece que este proceso debe realizarse dos años antes de la fecha de terminación del contrato, que en este caso es febrero de 2020.
El mandatario insiste en que con la revisión del convenio se ha detectado que la empresa de servicios públicos no ha cumplido, a la fecha, algunas de las obligaciones contraídas para atender a los 130.000 usuarios que hay en Soledad. Tal es el caso de la construcción del acueducto municipal y de la modernización de las redes que utilizan para el suministro del líquido.
En desarrollo de estas reuniones de evaluación poco es lo que se ha avanzado, porque la Alcaldía sostiene que la empresa no ha hecho las inversiones en ampliación de cobertura y optimización del servicio, como lo dice la norma. En ese sentido, advierte que Triple A debió destinar un porcentaje de cada metro cúbico que se cobró a los Soledeños para el llamado Costo Medio de Inversión, a través de la tarifa. Según las cuentas del alcalde Joao Herrera, esto daría un poco más de $300.000 millones.
La empresa, a través del gerente de Operaciones, Ramón Hemer, contradice estas afirmaciones de Herrera y asegura que la compañía sí ha hecho lo que ordena el contrato en este sentido.
De hecho, sostiene, el compromiso de inversión durante la operación hasta 2017 era de $48.000 millones, pero que la empresa ha destinado para este concepto más de $62.000 millones. 'Se cumple ampliamente lo comprometido', advierte.
Según Hemer, la Superintendencia de Servicios, que es la competente para revisar las inversiones, realiza controles tarifarios (el último fue en 2015), tras lo cual nunca ha hecho objeciones al respecto.
Las obras
Otro punto álgido en la discusión tiene que ver con la construcción de dos acueductos, uno en el barrio Oasis y otro en Cruz de Mayo, para el suministro de agua potable a los habitantes de esta población, obligación que está establecida en el contrato.
Con relación a este asunto, Herrera sostiene que las obras podrían estar avaluadas en $100.000 millones, pero advierte que la administración municipal está dispuesta a negociar esta inversión a cambio de acciones en la empresa y que estos recursos los utilice Triple A para optimizar el acueducto de Barranquilla, de tal manera que se pueda convertir en uno de cobertura metropolitana.
El gerente de Operaciones de Triple A reconoce que existe una obligación contractual de entregar en operación dos plantas de tratamiento que en su momento recibieron en mal estado.
Aunque tienen una duda técnica, si es mejor entregar una sola planta con capacidad para dos o entregar las dos, Hemer asegura que la empresa tiene proyectada la ejecución de esa obra. 'Al final del contrato de operación las tendrán. Es algo claro y no hay duda de eso. Si se da la ampliación es otra cosa, pero la obligación de las obras está', afirma.
A la pregunta de por qué no se utilizaron estas plantas, el directivo explica que problemas técnicos impidieron continuar operándolas. Hubo inconvenientes con la captación porque la zona donde se hacía esta tarea presentaba erosión. Es por ello que se toma la decisión de interconectar con Barranquilla.
El alcantarillado
El servicio de alcantarillado es quizás lo que más cuestiona el alcalde de Soledad. Su malestar por esta situación lo ha llevado al punto de anunciar que si Triple A no mejora este componente se buscarán otras alternativas, porque 'la poca inversión' está impactando negativamente la ejecución del plan de recuperación de 25 kilómetros de la malla vial en el municipio.
Según Herrera, las obras de pavimentación están atrasadas en unos casos; en otros, no se han podido terminar, y el peor de los escenarios es que la mayoría de las vías dentro del plan de pavimentación 'no se han podido comenzar a intervenir porque la empresa de servicios no ha cambiado las redes'.
A estos cuestionamientos Hemer responde que el panorama que dibuja el alcalde Herrera no está ajustado a la realidad. Explica que cuando comenzaron a operar el servicio encontraron una cobertura de solo el 41%, pero actualmente llega al 78%.
El directivo indica que Soledad tiene unas características complicadas que han dificultado los trabajos de ampliación de cobertura. Según Hemer, el municipio tiene especie de islas, la densificación dispersa y espacios donde no hay nada. A esto se suma el hecho de que haya 'crecido de manera desorganizada, debido a tantas invasiones'.
Estas situaciones generan problemas en el alcantarillado porque trabaja por gravedad y no es fácil integrar un sistema con otro.
De las dificultades que se han presentado con los proyectos de pavimentación de la administración municipal, Hemer responsabilizó a los contratistas porque no atendieron las recomendaciones que entregaron sobre los cambios de redes. 'Quieren correr, poner y entregar la obra', afirma.
En ese sentido explica que la empresa responde cuando es por reposición de tubería, pero si es por pavimentación lo debe asumir el municipio.
Punto de acuerdo
En lo único que están de acuerdo ambas partes es en no terminar la relación contractual. El alcalde de Soledad, Joao Herrera, reitera que 'no puede ser irresponsable con los soledeños' y cambiar de empresa para el suministro de agua potable. 'Triple A va y debe seguir porque presta muy buen servicio, pero tienen que cumplir sus compromisos. Terminar la concesión con ellos en agua potable sería una falta de seriedad con los soledeños. Estamos confrontando, pero no peleando ', advierte.
Ramón Hemer dice que la empresa está dispuesta a continuar en Soledad, por esa razón están sentados en la mesas de trabajo, en la revisión de los incumplimientos.
Según Herrera, existen varios caminos para llegar a un acuerdo con la compañía, pero por el que más se inclina es que Soledad deje de ser un acreedor y se convierta en un socio de Triple A, como lo es Barranquilla actualmente.
Asegura que Soledad quiere seguir 'casada' con Triple A. No quiere 'ningún divorcio', sino mantener 'el matrimonio', pero pide que la empresa consienta a los 130.000 usuarios de esta población con un servicio óptimo.
Otrosí al contrato
El alcalde de Soledad, Joao Herrera, asegura que la deuda que reclama la empresa Triple A corresponde a un otrosí del contrato que fue firmado por Antonio Fernando Castillo.
En el documento se reconoce una deuda que hoy sumaría $70 mil millones (incluyendo intereses) por concepto de déficit de subsidios entre los años 2002 y 2009. Este pasivo no fue incluido dentro del Acuerdo de Reestructuración que firmaron, en mayo de 2012, el Municipio y los acreedores, bajo la Ley 550, para 'poner la casa en orden fiscal y financieramente'. Este acuerdo ‘blindó’ al Municipio de embargos.
Según Herrera, la deuda no fue reconocida porque en su momento la Procuraduría y la Contraloría emitieron concepto favorables para el Municipio, en los que advertía que la deuda no era cierta y, por consiguiente, no podía ser incluida como acreencia.
Sin embargo, la empresa Triple A sostiene que la deuda fue reconocida por la Superintendencia de Sociedades, a través de un fallo de fecha 19 de septiembre de 2012.
En la decisión, la Supersociedades le ordenó al promotor del proceso de reestructuración de pasivos incluir dentro del Acuerdo la obligación a cargo del Municipio y 'a favor de Triple A' por valor de $47.538 millones.
En virtud de eso, dice la empresa de servicios, el promotor de la Ley 550 está en la obligación de incorporar la acreencia en favor de la compañía.
A esta deuda, según Triple A, se deben sumar dos facturas por $8.024 millones (sin incluir intereses) por déficit del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI).
