La sonrisa que se refleja en el rostro de Kellys Caraballo no es suficiente para disimular la tristeza que la embarga cada vez que recuerda aquel 30 de septiembre de 2003, cuando alrededor de 200 paramilitares del Bloque Norte de las AUC ingresaron por segunda vez a la vereda de Pita, en Repelón (Atlántico), dejando dos personas asesinadas, entre ellas a su padre, Félix Caraballo.
'Es un día inolvidable para mí, tenía tres días de haber alumbrado y por obra y gracia de Dios no me volví loca en ese momento, pero fue algo muy duro', relató la mujer de 23 años, tras haber recibido su indemnización por ser reconocida como una de las 1 millón 900 mil víctimas en el país.
Como ella, otros 13 miembros de la población fueron indemnizados ayer por la Unidad para las Víctimas, con una inversión de más de $59 millones, en el marco de la clausura del proceso de reparación colectiva, el primero de los 610 que se trabajan a nivel nacional.
Para esta madre de siete hijos, cuyas edades comprenden entre los 14 y tres años, la mejor rúbrica para invertir el dinero que le fue concedido se concentra en la educación de sus infantes, principalmente en la del mayor, el mismo que el día de la masacre tenía tres días de nacido, quien está próximo a graduarse como bachiller.
Y sobre el proceso de reparación en el cual participó desde que este se inició en 2013, Kellys apunta a calificarla como una experiencia positiva, en la que pudo minimizar el temor a través de los ejercicios colectivos con sus vecinos, los tratamientos psicológicos y los nuevos espacios con los que cuenta Pita.
'Gracias a Dios aquí estamos contando la historia, es un dolor que he logrado resarcir con el pasar del tiempo. El miedo sigue latente, pero ya no está presente como antes', sostuvo la joven atlanticense.
En esta vereda de Repelón (Atlántico), habitan 113 víctimas del conflicto armado, agrupadas en 32 familias, que cuentan con 19 viviendas intervenidas durante el proceso de reparación, el cual dejó además un puesto de salud, un salón comunitario y un aula temporal de clases.
Después del cumplimiento del proceso encabezado por la Unidad de Víctimas, ahora son las autoridades municipales las encargadas de darle continuidad a estos trabajos, según dijo la directora nacional de la entidad, Yolanda Pinto.
'Se cierra el proceso de reparación colectiva ejecutado en su totalidad. Ahora continúan las entidades como el departamento y el municipio buscando cada día mejorar las condiciones de vida', dijo finalmente la funcionaria.
