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La Contraloría General de la República, CGR, encontró un posible detrimento patrimonial por $18.496 millones relacionados con el archivo de 26.377 comparendos de tránsito a nivel departamental, entre enero de 2011 y septiembre de 2016.

El hallazgo, que se considera afecta la seguridad vial del Atlántico, fue detectado en la auditoría que realizó en 2016 el organismo de control al Sistema de Multas e Infracciones de Tránsito, Simit, administrado por la Federación Colombiana de Municipios.

En lo que corresponde a procesos archivados por concepto de anulación, Atlántico se ubica cuarto, detrás de Antioquia, con 95.482 casos; Valle del Cauca, 71.904, y Santander, 27.851.

Situación en Colombia

A nivel nacional, el organismo de control halló un supuesto detrimento patrimonial por $174.046 millones de pesos, en razón al archivo de 410.790 comparendos de tránsito, en el mismo período.

Según lo consignado en el informe, el 80,81% de los comparendos archivados corresponden a anulaciones por $140.614 millones y el 14,47% a prescripciones por $25.182 millones.

La mayor cantidad de anulaciones se presentó en el departamento de Antioquia, con 95.482 comparendos por $40.274 millones, que corresponden al 29,85 por ciento. Le sigue Valle del Cauca, con 71.904 comparendos anulados, por $24.523 millones (22,48%).

Respecto a los comparendos impuestos por los organismos de tránsito que se dejaron prescribir, Cauca encabeza este listado con 19.233 comparendos por $7.939 millones (29,27%), seguido de Antioquia con 12.757 por $4.579 millones (19,42%).

Tras las revelaciones, la CGR consideró que las contravenciones al Código Nacional de Tránsito por parte de los infractores multados, sin una efectiva actuación por parte de los Entes Territoriales, 'contribuyen a mantener la cultura del no pago, perdiendo el efecto disuasorio y aleccionador de la sanción'.

De igual forma, el ente indicó que este panorama 'afecta significativamente' la seguridad vial e iría en contra de lo establecido en el artículo 161 de la Ley 769 de 2002.

Con base en el presunto incumplimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, respecto al recaudo por infracciones de tránsito en su cobro persuasivo y coactivo, la CGR trasladará de este hallazgo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Puertos y Transporte, y también a las contralorías territoriales.