Tras el ataque con arma de fuego ocurrido en la sede del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de la Construcción (SUTIMAC), en Cartagena, la Defensoría del Pueblo solicitó con urgencia a las autoridades competentes esclarecer los hechos que pusieron en peligro la vida e integridad de la dirigente de la Unión Patriótica (UP) Inelda Daza, y el líder del movimiento laboral, Manuel Fernández, quienes se encontraban en el sitio al momento de atentado.
Según la información conocida por la Defensoría Regional Bolívar se supo que una vez se produjeron los primeros disparos, el cuerpo de seguridad en el lugar de los hechos reaccionó, dando inicio a un enfrentamiento, que a pesar de dejar con herido a uno de los escoltas, salvó la vida de ambos dirigentes, así como de las demás personas que allí se encontraban y que estuvieron en riesgo como consecuencia de esta situación.
Desde el momento en que ocurrió el inesperado episodio, la Defensoría ha estado en contacto permanente con las autoridades al frente del caso, quienes reportaron la captura de dos presuntos sospechosos. La prioridad es individualizar y judicializar tanto a los autores materiales como intelectuales, y establecer si se trató de un atentado directo contra la vida de los líderes que permanecían reunidos en la sede sindical.
De igual forma la Defensoría del Pueblo solicitó revisar y fortalecer las medidas de protección encaminadas a garantizar la vida de Inelda Daza y Manuel Fernández, y de igual forma recomendó ajustar los protocolos de prevención para asegurar el normal desarrollo de las actividades por parte de quienes desde distintas corrientes ideológicas y políticas ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asamblea y liderazgo social.
En las próximas horas la Defensoría tiene prevista una reunión de carácter humanitario con el dirigente sindical Manuel Fernández, para tocar varios temas de protección a los líderes. La Entidad también sostuvo comunicación esta mañana con la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, la cual sugirió a las autoridades de Policía el ofrecimiento de una recompensa para motivar la colaboración ciudadana en el propósito encontrar mayores detalles que permitan aclarar las circunstancias que rodearon el ataque.
