Con cierta frecuencia se escucha que Colombia es un país en el que hasta los muertos han salido a ejercer el derecho al voto, pero lo más reciente que de los difuntos se ha dicho surgió del departamento de Sucre, específicamente en el municipio de Morroa, donde a través del Régimen Subsidiado le han pagado la salud a 27 finados.
Este escándalo hubiese quedado hasta la falta de un control eficaz por parte de los municipios para depurar la base de datos de los afiliados si no fuera porque entre los 27 está un fallecido que no gozaba del servicio subsidiado, sino que era un contribuyente y al momento de su deceso gozaba de una pensión por 50 años de trabajo en una entidad estatal.
El acto de corrupción quedó al descubierto públicamente el pasado martes cuando la Contraloría General de la República dio a conocer los resultados de una auditoría que le fue practicada al municipio de Morroa para conocer cómo había sido la inversión de los recursos del Sistema General de Participación y al evidenciar estas y otras anomalías en la vigencia 2018 precisó que esos dineros están en peligro.
'En el Régimen Subsidiado existen 27 afiliados fallecidos entre las vigencias 2017 y 2018 que aún aparecen registrados en la base de datos correspondiente que lleva el municipio, lo que genera que se hayan invertido recursos en servicios que efectivamente no fueron prestados', dijo la Contraloría, que detectó hallazgos fiscales por 251 millones de pesos.
El ente de control, al igual que la Fiscalía y la Procuraduría, se encargará de investigar qué pasó con el dinero que el Estado pagó, por lo menos por dos años, por una prestación de servicios de salud de 27 personas que estaban fallecidas.
'Es una falta de respeto que se haya tomado el nombre de mi madre para el cobro de unos servicios de salud que ya ella no estaba disfrutando porque había fallecido. Yo requiero a la justicia para que en esta oportunidad actúe con celeridad contra las personas que estuvieron involucradas en este acto de corrupción y de falta de respeto para con las víctimas y con sus familiares', sentenció Lucila Medina Díaz, una de las hijas de Bernardina Díaz de Medina, quien falleció el 17 de mayo de 2017 a los 98 años y en lo que restó de esa vigencia y hasta el 31 de diciembre de 2018 estuvo en el régimen subsidiado de salud.
