El jefe del Ministerio Público, el procurador Alejandro Ordóñez, y el del ente acusador, el fiscal Eduardo Montealegre, le han generado al gobierno de Juan Manuel Santos más de un dolor de cabeza.
Sus constantes salidas y opiniones sobre casi todos los temas de la agenda nacional, y en especial del proceso de paz, los han destacado por ser funcionarios mediáticos y polémicos, a quienes en más de una ocasión el Gobierno, e incluso el mismo presidente, ha tenido que poner en cintura por estar 'sobrelimitándose' en sus funciones.
Santos y Ordóñez. El reciente acercamiento del procurador Ordóñez –gran contradictor de los diálogos en La Habana– con el presidente Santos para dialogar sobre temas de paz marcó un hecho importante en la política nacional y fue sin duda un cambio de postura, tanto del procurador como del presidente, quienes se habían destacado por ser contradictores políticos.
Sin embargo, de este encuentro surgieron nuevos cuestionamientos entre el jefe de Estado y del Ministerio Público después de que Santos contara que le había dicho al procurador que se estaba 'sobrelimitando' en sus funciones, en referencia al informe de 2.760 casos de desaparecidos por la guerrilla que Ordóñez le presentó a la Corte Penal Internacional.
'Le recordé que el Procurador General de la Nación no tiene por qué estar haciendo lobby en los congresos en el exterior ni mandando cartas a los senadores norteamericanos. Eso le corresponde es a la ministra de Relaciones Exteriores y al presidente de la República', dijo Santos después de la reunión, a lo que Ordóñez respondió: 'Es contradictorio que el presidente de la República diga que no habrá impunidad en el proceso de paz con las Farc, pero al mismo tiempo reclame porque se presenten a la Corte Penal Internacional crímenes atroces perpetrados por ese grupo, como la desaparición forzada', y agregó que 'quieren callar al procurador'.
Estos no son los primeros cruces de declaraciones entre Santos y Ordóñez, cabe recordar que la discusión que dio origen a la mencionada reunión inició después de que Santos, en visita a Francia, dijera que el modelo de policía rural o gendarmería francesa podría ser una estrategia para implementar en el posconflicto con los desmovilizados de las Farc. Ordóñez respondió por medio de un comunicado acusando al presidente de 'negociar la estructura de las FF.MM. con la guerrilla en La Habana', lo cual fue calificado por el presidente como 'malintencionado y perverso' al tiempo que preguntaba '¿A quién diablos se le puede ocurrir que uno va a negociar semejante despropósito?', el procurador remató la discusión un directo 'serénese, señor presidente'.
Las salidas de Montealegre. El fiscal General, Eduardo Montealegre, también ha sido fuente constante de polémica, sus posiciones sobre aspectos claves del proceso de paz han provocado reacciones no solo de la opinión pública sino del Gobierno, quien se ha visto en la necesidad de rectificar, o precisar sobre las posiciones del fiscal.
Basta recordar la polémica generada a principio de año por su comentario de que jurídicamente no era necesario refrendar los acuerdos de paz, y que esta era una competencia exclusiva del presidente la cual podía asumir unilateralmente.
'Considero que no se requiere, desde el punto de vista legal ni constitucional, la refrendación para celebrar los acuerdos. No hay necesidad de una refrendación popular', fueron las palabras del fiscal frente a las cuales no se hizo esperar la respuesta del Gobierno. Humberto de la Calle, jefe negociador en La Habana, dijo que 'una refrendación produce una enorme legitimidad, que va a ser necesaria para la firmeza y sostenibilidad de los acuerdos'.
El alto comisionada de Paz, Sergio Jaramillo, reiteró que la posición del presidente Santos 'ha sido siempre que los acuerdos sean objeto de una refrendación. Ese es el camino que nosotros defendemos. Es un momento en el que cada quien puede decidir, y de eso nosotros no nos vamos a bajar'.
Montealegre también protagonizó un episodio con la Corte Penal Internacional cuando en octubre del año pasado acudió al organismo de justicia para presentar su propuesta de no cárcel para los jefes guerrilleros, propuesta que tuvo poca acogida en el alto tribunal. En ese momento, quien respondió al fiscal fue el ministro de Justicia, Yesid Reyes, al afirmar que esta propuesta era 'una posición absolutamente personal e individual' y que solo contribuye a despertar 'polémicas innecesarias'.
Las competencias
La Procuraduría General de la Nación tiene la función constitucional de velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, así como de las decisiones judiciales y administrativas. También debe velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones públicas y ejercer control de gestión sobre ellas. Realizar visitas a las entidades estatales o particulares que cumplen función pública, para proteger los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de sus principios. Vigilar el cumplimiento de las políticas relacionadas con la descentralización administrativa y ordenamiento territorial, el ejercicio de la autonomía y de los derechos de las entidades territoriales y promover las acciones pertinentes cuando se desborden los límites de la autonomía o de desconozcan los derechos de las entidades territoriales. La Fiscalía General de la Nación tiene la función constitucional de: investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
