Es bastante probable que ni siquiera el golpe de timón que dio el jueves, poco antes de las 11 de noche, cuando conoció en detalle el tamaño real de los “orangutanes” que los conciliadores del Congreso le metieron a la Reforma Judicial, logre salvar al presidente Juan Manuel Santos de la mayor crisis institucional que ha debido afrontar en su gobierno.
No solo se trata de la salida de su Ministro de Justicia, el hombre en quien depositó su confianza para que sacara adelante la iniciativa que permitiría, por fin, tener una justicia pronta y efectiva en Colombia, sino porque le abrió una gigantesca tronera al Ejecutivo en sus relaciones con el Legislativo, y desgastó gravemente al Presidente ante la opinión pública de cara a una posible reelección. Es indudable que Santos salió chamuscado del episodio. Esguerra es un jurista consumado que pagó muy caro el hecho de haber confiado en unos congresistas ladinos y mañosos, quienes supieron sacarle provecho al ‘papayazo’ que les dio el Ministro de ausentarse durante la conciliación, que es, sin duda, el momento crucial de toda reforma, porque es ahí donde aparecen los micos y las otras especies. “Ellos me pidieron el favor de que me saliera del recinto y yo acepté”, dijo Esguerra con una ingenuidad que asusta. Luego, cuando se conoció su intervención después de la conciliación, donde habló de una reforma “revolucionaria” y les pidió a nombre del Gobierno a los congresistas salir por todo el país a defender el Acto Legislativo, era evidente que Esguerra no podía permanecer en el cargo y que Santos debía quemar ese fusible para recuperar gobernabilidad.
Las relaciones con el Congreso es otro frente en el que Santos sale debilitado. Aunque hábilmente enfocó su ataque contra los conciliadores y no contra todo el Congreso, Santos tendrá que lidiar de ahora en adelante con una Unidad Nacional resquebrajada y desconfiada de un gobierno que embarcó a los congresistas en la reforma y después, cuando se desató el escándalo, no dudó en dejarlos colgados de la brocha. “Esta reforma la patinó el Gobierno desde el comienzo. Que no salga ahora con cuentos chinos”, me dijo un senador conservador, aburrido con la actitud asumida por el Gobierno. Y la opinión pública no se tragó el cuento de que los únicos malos del paseo fueron los congresistas, y que el Gobierno fue el héroe de la jornada. Ya lo dirán las encuestas.
Están en juego los principios del sistema democrático
Uno de los aciertos que había tenido Juan Manuel Santos en su gobierno era el de respetar la separación de poderes y la autonomía de cada una de las ramas del poder público. De hecho, cuando varios presidentes de las altas cortes le enviaron una carta advirtiéndole sobre los riesgos de la reforma, Santos les respondió que “se habían equivocado de destinatario”, porque a quienes debían escribir era al Congreso de la República. Pues bien: el pasado jueves en la noche Santos mandó al traste ese principio vital de todo sistema democrático. Al desconocer la autonomía del Congreso para tramitar y aprobar un Acto Legislativo, Santos desconoció la separación de poderes y se metió en terrenos que afectan la médula de la democracia. Al apostarle al respaldo popular, puesto que la inmensa mayoría del país detesta al Congreso y repudia la Reforma Judicial, Santos sacrificó un mundo por pulir un verso. En otras palabras: ¿Qué pasará cuando el Congreso apruebe una reforma que tenga inmenso respaldo popular, pero que no le guste a Santos? ¿También la desconocerá y la devolverá con el respectivo tirón de orejas a los congresistas? El primero que debería entender lo que está en juego es el propio Santos.
Una apuesta arriesgada del Presidente
La Reforma Judicial que Santos acaba de devolver al Congreso por razones de inconveniencia e inconstitucionalidad era desde sus comienzos una reforma política. Ese era su mayor riesgo. Así se le advirtió al Gobierno y así lo entendieron los congresistas, quienes vieron en ella la mejor oportunidad para meterle mano al régimen de inhabilidades, que desde la Constitución de 1991 se convirtió en su mayor dolor de cabeza, puesto que los limita drásticamente en su accionar político. De hecho, acabar con la llamada ‘muerte política’, que desaparecía con la Reforma Judicial, es desde hace algún tiempo uno de los mayores objetivos de un grupo de influyentes parlamentarios. De manera que el jueves en la noche lo que hizo Santos fue tratar de responder con un hecho político a lo que se sabía desde el comienzo que era una reforma política disfrazada de Reforma Judicial. Pero, además, Santos hábilmente le salió al quite a un asunto que amenazaba –o amenaza– con comprometer no solo su gobernabilidad, sino también su futuro político. En efecto, nadie le garantiza a Santos que un referendo para hundir la reforma, como ha sido planteado, no termine por convertirse en un referendo contra el propio Gobierno. O que una consulta popular para revocar el mandato de los congresistas, que también ha sido considerada en las redes sociales, no termine comprometiendo la propia estabilidad del Presidente y de todo su gabinete. El tiempo dirá qué tanto acertó o se equivocó en su decisión.
Un grave error de cálculo político
El Gobierno se equivoca cuando ahora pretende mostrarse ajeno a la Reforma Judicial, pues cuando algunos presidentes de las altas cortes y analistas le advirtieron de los graves riesgos del Acto Legislativo, los ministros que tuvieron que ver con la iniciativa –desde Germán Vargas Lleras hasta Juan Carlos Esguerra, así como Federico Renjifo–, respondieron a cada crítica con palabras de elogio al Acto Legislativo. De hecho, tanto Esguerra como Renjifo, en sus calidades de ministros de Justicia e Interior, respectivamente, al día siguiente de la aprobación de la reforma y de la misma conciliación, salieron a agradecer el respaldo que el Congreso le había dado a la iniciativa. El propio Santos en las reuniones en la Casa de Nariño con los miembros de la Unidad Nacional, en las que se analizó la marcha de la agenda legislativa, les pidió a los congresistas que respaldaran plenamente los proyectos del Gobierno, entre ellos, obviamente, la Reforma Judicial. “El Presidente siempre pidió apoyo a todos los proyectos”, me dijo un senador liberal, cuando le pregunté si Santos había mostrado alguna reserva sobre la reforma. Pero al descargar la responsabilidad en el Congreso, Santos busca pagar tan solo una parte de la cuenta, y ese puede ser un grave error de cálculo político.
La encrucijada del Gobierno
El presidente Santos sabe bien que lo único que no puede perder es el control sobre los partidos que integran la llamada Unidad Nacional, así estos hoy sientan que el Gobierno no solo los abandonó sino que terminó echándoles a ellos toda el agua sucia de la reforma. En el Congreso –que mal que bien le ha hecho la tarea a Santos al aprobarle muchas de sus iniciativas– hay voces que reclaman una mayor solidaridad del Ejecutivo. Cuando dirigentes muy reconocidos, como el senador Roberto Gerlein, afirman que el Congreso se encuentra en “las goteras de la disolución” (ver entrevista de Jorge Cura en esta edición), es porque las aguas del Capitolio se están agitando, y eso tampoco es bueno para un gobierno que todavía tiene buena parte de sus tareas por hacer. A Santos le queda por jugar la carta de la revisión constitucional del Acto Legislativo, que es la que debió jugar desde que la iniciativa salió de la conciliación en el Congreso. Expertos sostienen que la reforma no resiste un análisis de constitucionalidad y que la Corte la hundirá. Si es así, entonces Santos se vería obligado a tener que barajar de nuevo, pues después de este episodio, ni el Congreso, ni la opinión pública se sienten tranquilos al saber que, llegado el momento, el capitán del barco es el primero en ponerse a salvo.
Por Óscar Montes
Twitter: @leydelmontes
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