Ante el asesinato de 133 desmovilizados y de 34 de sus familiares, la Farc hizo un llamado a la comunidad internacional, y sobre todo a los países garantes del proceso de paz, para que esté atenta a las elecciones regionales del próximo mes de octubre.
'Ante la gravedad de la situación y las perspectivas de su recrudecimiento, con motivo de las próximas elecciones locales y regionales, llamamos la atención de los países garantes, Cuba y Noruega, de los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González, quienes integran el grupo de notables; así como de la Segunda Misión de la Organización de Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad próximamente visitará Colombia; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que difícilmente nuestro partido, tendrá plenas garantías para la participación en dicho proceso electoral', dijo el partido.
El Consejo Nacional de los Comunes, máxima instancia de dirección de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, emitió una declaración en la que advierte que los asesinatos sistemáticos de excombatientes, así como de líderes sociales, 'constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales, tal como está consignado en el punto 3.4 del Acuerdo'.
Agregó la Farc que resultan 'inaceptables' las explicaciones que hasta han dado funcionarios del gobierno y los informes publicados por la Fiscalía General de la Nación, 'en los que se presentan frías cifras sobre presuntos responsables'.
Además rechaza 'la campaña de estigmatización lanzada contra nuestro partido, sus militantes y dirigentes, desde la bancada del partido de gobierno, Centro Democrático, y el propio presidente, que de alguna manera estimula los instintos criminales de quienes aprietan los gatillos; y que constituye una campaña de persecución política y hostigamiento contra quienes somos signatarios de un tratado de paz con el Estado'.
