Al despacho habían llegado varias cartas haciendo referencia al suceso: la cancelación unilateral del arriendo de una casa en el barrio Boston. El remitente, residente en los últimos dos meses de la vivienda, desconfiaba de la autoridad de los jueces de paz, por lo que les pedía desentenderse del caso y dejar que la casa de justicia del barrio Simón Bolívar se encargara de la situación.
Según denunció el emisor, un hombre alto y grueso de 40 años, la citación le había llegado apenas la noche anterior a la conciliación, lo cual tildó de irrespetuoso y de poco serio por parte del despacho. En su defensa, la oficina de jueces de paz demostró mediante los certificados del correo oficial que, efectivamente, la carta de notificación había sido enviada a tiempo.
'Les pido el favor de que no me citen más, esa no es una instancia seria', decía la carta de Alfonso, el arrendatario, enviada como respuesta a la cita a una conciliación con la dueña de la propiedad.
Carmen, propietaria del inmueble, había citado a Alfonso para ponerle fin al conflicto. Desde el pasado mes de abril el hombre firmó un contrato de arrendamiento por un año. Dos meses después, sin consultarle ni notificarle a la dueña, desocupó el inmueble y le compró la casa a su suegra, en el barrio Chiquinquirá.
Además, en varias llamadas telefónicas en las que la juez de paz lo contactó para que asistiera a la conciliación, Alfonso habría levantado la voz mientras desconocía las labores de los jueces, quienes, como integrantes de la rama judicial, tienen la potestad de fallar a favor de las partes y aplicar los compromisos acordados en las actas que ellos mismos ofician.
