Plomo, droga, sangre, dinero y poder. Estas son las cinco garras bajo las que el Caribe colombiano se mantiene oprimido desde hace años. El responsable: los grupos de delincuencia organizada (GDO).
Si bien hace unos años los habitantes de la región –y el país– pensaron que cesaría, de una u otra manera, la inseguridad social que se había vivido por décadas a causa del conflicto armado, la realidad es que el crimen ha mutado, pero se mantiene. Es más, se ha robustecido en los callejones oscuros, las esquinas solitarias y los puertos vacíos de los municipios y ciudades de la Costa Caribe colombiana.
A principios de 2019, la nueva política de seguridad reveló que en el país había cinco grupos armados organizados (GAO), 23 grupos de delincuencia organizada (GDO) y más de 2.417 bandas criminales que afectan la seguridad en ciudades y municipios de todo el territorio nacional.
Un año y medio más tarde, el panorama no ha cambiado mucho, pero las investigaciones sí han permitido esclarecer cómo funciona la presencia de dichos grupos en zonas específicas.
Amplio rango de acción
En la Región Caribe, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, junto con investigaciones hechas por instituciones encargadas del monitoreo de la seguridad, dan cuenta de que, por ejemplo, los nacientes o 'reconformados' grupos armados del Caribe están en los mismos territorios que antes eran ocupados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Expertos del Centro del Pensamiento Un Caribe y 360-Grados, de la Universidad del Norte, analizaron 25 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo entre 2018 y 2020, con las que pudieron identificar que los GDO y GAO 'operan especialmente donde hay presencia de rentas ilícitas (minería ilegal y siembras de hoja de coca, procesamiento o exportación de clorhidrato de cocaína). En resumen, controlan las rentas ilícitas y su presencia urbana ha ido en crecimiento'.
En el momento en el que estas bandas aparecieron, la mayoría eran comandadas y en gran parte conformadas por exmandos medios y paramilitares rasos de las AUC.
La influencia de estos GAO y GDO se ha extendido en todos los departamentos de la región, llegando a tener presencia en 50 municipios del Caribe.
Así las cosas, en La Guajira, estos grupos armados han tenido presencia estratégica en dos municipios: Dibulla y Maicao. Allí las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo, según las autoridades) y las Autodefensas Conquistadores en el Sierra Nevada (ACSN o Los Pachencas) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controlan esos territorios.
En Cesar, los grupos armados están presentes en seis municipios: Curumaní, Chimichagua, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello y El Copey. En esos territorios están ACSN, el ELN y el Ejército Popular de Liberación.
En Magdalena, el Clan del Golfo y Los Pachenca ejercen control en cinco municipios: Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y la Zona Bananera.
En Bolívar, son 18 los municipios que se ven afectados con la presencia de grupos armados, especialmente por El Clan del Golfo, una rama de Los Pachenca y el ELN. Ocupan los territorios de Achí, Arenal, Cantagallo, Montecristo, Morales, Norosí, San Pablo, San Jacinto del Cauca, Simití, Santa Rosa del Sur, Tiquisio, El Carmen de Bolívar, María la Baja, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cartagena, Turbaco y Arjona.
En Córdoba, según las investigaciones, hacen presencia las AGC, el Frente Virgilio Peralta Arenas (FVPA o Los Caparrós) y el Nuevo Frente 18- Román Ruíz- Cacique Coyorán FARC-EP (disidencias de las FARC) y se distribuyen por ocho municipios: Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta, Planeta Rica, Montería, Pueblo Nuevo y San Carlos.
Sucre no escapa de la presencia de grupos armados, pues allí la investigación determinó que las AGC ejercen control criminal en seis municipios: San Onofre, San Marcos, Guaranda, San Benito de Abad, Majagual y Sucre.
Por su parte, en Atlántico, aparte de la presencia de las AGC también lo hacen Los Costeños y Los Papalópez, grupos delictivos organizados que tienen menor capacidad operativa que un grupo armado organizado, pero que manejan entre ellos su propia disputa por el control de la margen oriental del río Magdalena, que tiene una de las más 'eficientes' rutas de tráfico de drogas.
'En este caso Los Costeños fueron subcontratados por las AGC', dice la investigación consultada por EL HERALDO.
El radio de acción de estos grupos en el departamento abarca especialmente Barranquilla y los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.
Un análisis
Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, en el Caribe se evidencian procesos de 'continuidad' y 'emergencia' de GAO en varias subregiones.
'Esto permite afirmar que la violencia armada en el Caribe es el resultado de una competencia criminal entre diversos actores ilegales por el control de territorios, ya que son estratégicos no sólo en términos de movilidad, sino también para el desarrollo de economías ilícitas, especialmente la siembra de hoja de coca, el procesamiento de clorhidrato de cocaína, su acopio y traslado a los puntos de exportación', explicó Trejos.
Por otro lado, aclaró que el desarme y desmovilización del bloque Martín Caballero de las FARC-EP 'no produjo cambios significativos' en las dinámicas territoriales de GAO en el Caribe.
'Desde inicios de esta década, al igual que el ELN, la capacidad operativa de ese grupo se encontraba muy limitada y sus unidades replegadas en las partes altas de la Serranía del Perijá en la frontera con Venezuela. Este debilitamiento fue el resultado de las acciones ofensivas del Ejército y de la hegemonía político-militar que logró construir el bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esta región', indicó el profesor, quien por años ha estudiado el comportamiento de estos grupos.
El catedrático aseguró que los grupos rearmados y emergentes del antiguo Bloque Norte de las AUC 'son los que producen mayor violencia en la actualidad', con el objetivo de controlar los mercados criminales.
'La desaparición de las AUC como actor ilegal hegemónico y el surgimiento de distintos grupos rearmados y emergentes sin coordinación operativa han producido escenarios de transición catastrófica, paz mafiosa y competencia criminal en varios territorios del Caribe', destacó.
Alertas permanentes
Mateo Gómez Vásquez, defensor delegado para el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, manifestó que dichas alertas se construyen con base en el monitoreo que realizan 'constantemente' en la región.
'En La Guajira, hemos advertido sobre la situación de Maicao como espacio de corredor fronterizo y como un lugar de confluencia de factores de riesgo para la población civil, que están asociados con la migración masiva y la presencia de actores armados que quieren apoderar de todos los negocios ilícitos propios de esa frontera', explicó.
Destacó que el grupo de alertas tempranas hoy también está enfocado en analizar delitos como la trata de personas y comprender 'los puentes' que hay con la violencia transnacional.
'Hemos advertido sobre una estructura que se le denomina Los Pranes y su influencia dentro del conflicto que se vive en territorio fronterizo. Acá en esta población (La Guajira) hemos advertido de la violencia contra la población trans, que está siendo explotada y que es objeto de diferentes vejámenes', detalló el defensor delegado, y añadió que en Dibulla, por sus cercanías con la Sierra Nevada, también han notado la presencia de actores armados que generan terror a los comerciantes turísticos que se encuentran a lo largo de la Troncal del Caribe.
Precisamente, la Defensoría del Pueblo ha emitido tres alertas tempranas sobre el reagrupe de clanes armados en la Sierra Nevada de Santa Marta.
'Es un retorno de los ex integrantes de la AUC con unas trayectorias de violencia que solo siembran pánico entre las poblaciones', dijo Gómez. Indicó que igual fenómeno se vive en los Montes de María y todo el sur de Bolívar.
'La intensidad del conflicto ahora es diferente. No es un conflicto como el evidenciado en la década de los 90 y hasta la desmovilización. Son fenómenos más silenciosos en la violencia y crímenes cada vez más selectivos que impactan los liderazgos sociales y defensores de Derechos Humanos que buscan es mandar mensajes a las comunidades', concluyó
