El próximo miércoles 22 de marzo, a las 4 p.m., se dará a conocer la decisión final sobre la multa impuesta a Navelena por incumplimientos en la APP del río, luego de que este viernes el consorcio liderado por Odebrecht expusiera el recurso de reposición presentado ante dicha sanción.
Al respecto, Dina Rafaella Sierra, directora ejecutiva (e) de Cormagdalena, le dijo a EL HERALDO que 'en la reanudación del proceso sancionatorio por profundidad y ancho del canal de acceso a Barranquilla, ellos hicieron uso del recurso de reposición al que tienen derecho'.
Lo que sigue es, explicó, que 'revisaremos el recurso y tomaremos la decisión definitiva, y recuerden que ya habíamos fijado una multa en 770 millones de pesos'.
Frente a las opciones que le quedan a Navelena en este asunto, aclaró Sierra que 'en el evento en que ellos no estén de acuerdo con nuestra decisión, acudirían a la vía gubernativa a interponer las demandas respectivas'.
Y acerca de cómo se le cobraría la multa a la sociedad entre Odebrecht y Valorcón, indicó la funcionaria que 'la multa se pagaría, si se cede el contrato y acreditan el cierre financiero, descontándosela de la remuneración, y en el caso de la eventual caducidad, se le descontaría de la liquidación'.
Sobre la caída en las negociaciones entre Navelena y PowerChina, revelada por EL HERALDO el pasado 14 de marzo, reiteró Sierra que 'realmente a la corporación no le han allegado una comunicación escrita, por lo que para nosotros aún es información no oficial, y esa negociación es entre privados. Nosotros continuamos con el proceso de caducidad y tomaremos una decisión el jueves 23 a las 2 de la tarde'.
La multa impuesta fue por, fundamentalmente, no cumplir las condiciones de servicio en siete puntos del canal de acceso de Barranquilla.
Al respecto, el director (e) de la corporación, Luis Fernando Andrade, le dijo a este diario en su momento que la sanción se dispone 'con el objeto de que se arregle lo más pronto posible el incumplimiento porque el valor de la multa sigue corriendo y cada día que pasa son 10 salarios mínimos'.
Explicó el funcionario que los incumplimientos 'se dan en niveles de profundidad y de ancho del canal, y aunque en este momento el canal es navegable, tenemos que asegurar que las condiciones del contrato se cumplan. Deben mandar las dragas y remover el material.
Pero están preocupados porque en estos días hay mucho viento y mucho oleaje, sin embargo este tipo de multas se imponen para generar un incentivo para resolver el problema'.
El contrato de APP 001, con un valor de 2,5 billones de pesos, se suscribió en 2014 entre la corporación Cormagdalena y la firma Navelena SAS.
Rechazo a la situación.
Por medio de una carta enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el senador del Centro Democrático Jaime Amín manifestó su 'absoluto' rechazo por el 'evidente desinterés' del Gobierno para atender de manera inmediata la situación por la que atraviesa el canal de acceso al puerto de Barranquilla.
El senador afirmó que el incumplimiento flagrante de la obligación contractual de Navelena de mantener un calado mínimo de 11.43 metros para el canal de acceso, son muestra clara de la incompetencia de la administración de Santos con los interés de Barranquilla y el Atlántico.
En la carta, Amín señala que 'nuestra preocupación ante la pasividad de su gobierno frente a esta situación, se incrementa frente a los tiempos que ha comunicado Cormagdalena para declarar la caducidad de la APP con el asociado Navelena. Si ello es así, esta entidad tardaría por lo menos 5 meses para lograr tener una draga en Barranquilla'. Además, le exigió al presidente que utilice las herramientas que su fuero le permiten.
Portuarios continúan a la espera de la caducidad del contrato con Navelena
El presidente de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, René Puche, manifestó en días pasados que solo después del cuatro de abril, fecha hasta cuándo podría extenderse el proceso de caducidad de contrato con Navelena, el Gobierno estaría habilitado para declarar la urgencia manifiesta.
'Si necesitáramos una draga en este momento, legalmente no se puede traer a Barranquilla porque el río está concesionado', detalló Puche, quien luego resaltó que la condición expresa permitiría 'acelerar el proceso' de consecución del equipo utilizado para excavar el material debajo del nivel del agua.
Señaló que es inexorable contar con una draga en Barranquilla 'hasta que se consigan las soluciones de fondo que permitan alcanzar la estabilidad' en el canal de acceso. El dirigente del Puerto de Barranquilla, declaró que la medida le permitiría al Gobierno contratar directamente una draga, sin el condicionante de surtir diversos trámites para materializar la iniciativa.
En relación con la posibilidad de decretar una urgencia manifiesta para acelerar la búsqueda de soluciones a las dificultades que agilicen la consecución de alternativas de solución, Alfredo Carbonell, director de Asoportuaria se mostró de acuerdo. 'El Gobierno tiene que dragar el Puerto de Barranquilla por obligación legal, suponemos que lo que están buscando con la autorización de la partida presupuestal es cumplir esa responsabilidad. Aquí se requiere un dragado inmediato, por lo que esperamos que el Gobierno lo concrete pronto'.
