En el proceso de corrupción en la UNGRD, se realizaron audiencias en las que participaron Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, y María Alejandra Benavides, exasesora del MinHacienda.

Durante la imputación a Ortiz, la Fiscalía sostuvo que, además de los testimonios de López y Pinilla, cabezas de la UNGRD, hay otras pruebas que demuestran que Ortiz participó tanto en la entrega de miles del millones de pesos a Iván Name y a Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y de la Cámara, como en el direccionamiento de contratos por 60.000 millones a favor de ambos. Las órdenes provenían de Carlos Ramón Gonzáles, que era el Director Administrativo de la Presidencia.

Benavides sostuvo que a ella le constaba que el gobierno había direccionado contratos por 92.000 millones para favorecer a cinco congresistas de la Comisión de Crédito Público, y a Wadith Manzur, también presidente de la Comisión de Acusaciones, con la finalidad de que le aprobaran unos créditos al gobierno. Todo con conocimiento del ministro Bonilla y de Velasco, entonces MinInterior.

Concuerda con el testimonio de López donde sostuvo que en Palacio hubo unos “cónclaves”, “varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos ministros, reunidos, donde tomaron la decisión de que votos de congresistas se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir, o leyes, o cambios en ellas”.

También está probado que Bonilla adicionó 1,4 billones al presupuesto de la UNGRD, un mes antes de las elecciones regionales de 2023 y en diciembre de ese año.

No hay duda de que hubo una operación sistemática de saqueo de la UNGRD; de que además de robarse centenares de miles de millones también sobornaron congresistas con efectivo y con contratos; de que el propósito de los sobornos era que, a cambio, los congresistas votaran positivamente los proyectos de interés del Gobierno en el Legislativo; de que para la operación se trasladaron billonarios recursos a la UNGRD para evadir las reglas y controles usuales de la contratación administrativa; de que la operación de pillaje y de compra de congresistas se diseñó, ordenó y se puso en marcha desde la Casa de Nariño; y de que en ella participaron desde el Director del DAPRE hasta los más importantes ministros del gabinete.

La Fiscalía avanza contra los eslabones débiles, como Ortiz, Benavides, López y Pinilla, pero nada ha hecho contra los ministros, exministros y altos funcionarios, como González y Bonilla.

La renuncia de Bonilla es un imperativo ético y político. Es indispensable determinar el papel de otros ministros salpicados, como el de Salud o la de Trabajo que, según los exdirectivos de la UNGRD, también participaban en los cónclaves. Y, como es evidente que Petro no renunciará aunque debería, hay que avanzar en el juicio político contra él. Toda la operación de corrupción fue para favorecerlo. El complot criminal tiene a Petro como único beneficiario. Y no es creíble que no solo no supiera lo que hacían sus excompañeros del M19 y sus más cercanos e importantes ministros, sino que no fuera él mismo quien lo ordenara.