Convocatoria de Minciencias, en medio de enredos que tienen en vilo al ecosistema de innovación en el país

Está demostrado que los territorios que más invierten en ciencia, tecnología e innovación son los que tienen más tendencia a crecer de manera integral. Dentro de los rankings anuales suelen figurar, en los primeros puestos, países como Suiza, Israel, Suecia, Estados Unidos, Singapur o Corea del Sur. Naciones que, al mirar su contexto social, registran una calidad de vida alta.

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¿Pero qué sucede en Colombia? Mientras que los proyectos de innovación despegan a toda marcha en esas latitudes, en el país que abre las puertas de Suramérica este tipo de propuestas están atrapadas en un halo de incertidumbre.

Investigadores, universidades y empresas han alertado que el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación está en riesgo, debido a las irregularidades en la gestión de convocatorias por parte del Ministerio de Ciencia.

Al parecer, el panorama es crítico. Los participantes de este sector han revelado que —desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro— las convocatorias se abren tarde y se presentan problemas en la evaluación y asignación de proyectos. Los recursos no se están asignando a tiempo y se están desarrollando las convocatorias sin definir su presupuesto.

Por otro lado, representantes del sector también notifican que no están lanzando recursos para proyectos nuevos, sino que solo están pagando compromisos de gobiernos pasados.

Este panorama nunca antes se había visto en el país y está socavando la confianza de todo el ecosistema I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) hacia dichos programas del Gobierno, debido a la falta del buen funcionamiento de los mismos.

Punto Estratégico es un centro que ha acompañado más de dos mil proyectos de innovación en la región Caribe. Como muchas corporaciones dedicadas a este ámbito, está en riesgo de que se desmorone la relación entre las empresas privadas que invierten en los proyectos de desarrollo en el país y las carteras del Gobierno encargadas de impulsar dichos programas.

Adalberto Escorcia, gerente de negocios de la empresa, relató que Punto Estratégico mantiene una sostenibilidad financiera en la que salvaguardan la compañía siempre dos años adelante. Es decir, en el 2024 y 2025 han operado con recursos que facturaron en el 2023, periodo en el que los procesos de Minciencias funcionaban muy bien.

Actualmente, indicó, se evidencia un retroceso en la gestión de convocatorias. Y en caso de que este escenario persista, muchos centros de investigación y de desarrollo tecnológico en el país, en especial en el Caribe, podrían empezar a desaparecer.

“Al no estar funcionando el Estado de manera operativa en las convocatorias departamentales, regionales y nacionales que se llevan a cabo, todas las instituciones como Punto Estratégico están en ultimátum, están en jaque y con un posible deterioro a partir del 2026”, advirtió Escorcia en conversación con esta casa editorial.

De acuerdo con Escorcia, a partir de las fallas en el año 2024 y las que aún acontecen en este 2025, Colombia es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) con menor inversión en investigación, desarrollo e innovación.

En el país se destina el 0,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) al campo del I+D+i, lo que está muy por debajo del promedio del bloque de países de la Ocde, el cual es de 2,7 %.

Por otro lado, entre las naciones que lideran estas inversiones se encuentran Israel y Corea del Sur, los cuales invierten, respectivamente, el 6 % y el 5,2 % de su PIB a dicho tipo de proyectos.

Juan Sebastián López, gerente de la firma consultora Propymes, coincide con Escorcia en que Colombia, en algún tiempo, estuvo muy bien ranqueada a nivel internacional en cuanto a inversión privada y en los recursos que gestionaba el ecosistema para proyectos de I+D+i.

Ahora el panorama es inquietante y más allá de la desaparición de estos centros en realidad el impacto es más fuerte y transversal.

Según López, los riesgos que se avecinan son la pérdida de inversión privada y de empleos, lo que se traduce en un deterioro en el progreso de Colombia.

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“Si hay innovación, investigación y desarrollo, tenemos un país más competitivo. A través de diferentes vehículos de inversión pública e inversión privada se sacan adelante nuevos productos y nuevos servicios; se mejoran los productos de manera significativa; se hacen las cosas de forma más sofisticada, con menos costos y menos tiempos. Esto, básicamente, se traduce en competitividad para el país ante terceros”, explicó el gerente de Propymes.

Para Jonnathan González, CEO de CIF Consulting SAS, la empleabilidad es un factor clave que está en jaque, ya que muchas empresas optarían por desistir de, por ejemplo, personas con doctorados al no tener cómo solventar económicamente esos presupuestos.

El CEO recordó que este programa existe desde 1992 y, desde entonces, a las convocatorias se les ha asignado un presupuesto. En el 2016, fueron otorgados 80 mil millones de pesos; en el 2018, 900 mil millones; en el 2019, 1 billón; en el 2020, 1.5 billones; en el 2021, 1.9 billones; en el 2023, 2.5 billones; en el 2024, 1.8 billones de pesos (pero solo para proyectos que venían de años anteriores), y en el 2025, la cifra aún es desconocida.

“Los empresarios preguntan: “¿Hay o no hay? Dígame. Porque si no hay pues yo dejaré atrás varias inversiones; no haré ciencia, tecnología e innovación, o haré algo residual. Y, si me dice que sí va a haber, pues claramente yo hago una planeación para sacar proyectos adelante. Pero hoy el tema es la incertidumbre. Estamos en los primeros días de diciembre y no sabemos si va a haber presupuesto. Antes se sabía desde enero”, puntualizó.

Es de señalar que, a través de un comunicado, el Sistema de Ciencia, Tecnología e Investigación informó que la Procuraduría General de la Nación, mediante vigilancia preventiva, revisa los riesgos en la planeación y ejecución del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En ese orden de ideas, otros riesgos que se avecinan son: los plazos reducidos para la presentación de propuestas, ausencia de soporte técnico en la definición de presupuestos y otros factores que impactan negativamente los procesos, generando demoras en la ejecución, baja apropiación de resultados científicos, modificaciones contractuales reiteradas y limitada trazabilidad de resultados de I+D+i.

La convocatoria 970 es la asignada para el presente año. Su apertura se cumplió el viernes 8 de agosto y su cierre se dio el pasado viernes 19 de septiembre a las 4:00 p. m.

Según la cartera ministerial, este concurso se puso en marcha para “promover el crecimiento de los distintos sectores productivos mediante el estímulo a la inversión privada en proyectos de I+D+i, a través del acceso a beneficios tributarios establecidos en los artículos 256 y 256-1 del Estatuto Tributario, dirigidos a empresas de todos los tamaños (micro, pequeñas, medianas y grandes)”.

Dentro de los ejes temáticos de dicha convocatoria se encuentran la transición energética justa; la agroindustrialización y soberanía alimentaria; la reindustrialización en el sector salud; la reindustrialización para la defensa y la vida, y los territorios y su tejido empresarial.

El cuello de botella que se está generando con esta convocatoria es que aún no se le han asignado sus recursos. En la página oficial del Ministerio de Ciencia se establece que aún sigue en evaluación y que los resultados definitivos se conocerán el próximo 19 de diciembre.

La angustia de las empresas privadas y de los centros de innovación se centra actualmente en que no se sabe si, finalmente, a la convocatoria se le podrá asignar un presupuesto.

Adalberto Escorcia, de Punto Estratégico, contó que el Gobierno, a través del Minciencias, no ha podido aprobar el cupo en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para la mencionada convocatoria.

“Si eso no se aprueba, Colombia va a pasar a ser el peor país de la Ocde en ese indicador. Vamos a perder la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación”, manifestó.

Detalló que más de 500 empresas se presentaron al concurso y esperan que se avalen entre 2 y 3 billones de pesos.

“Es una convocatoria que está en el limbo. Hemos presentado derechos de petición. El Minhacienda culpa a Minciencias y este mismo dice que Minhacienda no ha generado el Confis para la aprobación del cupo”, señaló Escorcia.

De esta manera, sugirió que lo que debe hacer el Gobierno es citar al Confis para, finalmente, aprobar el cupo del concurso.

Estas voces del sistema fueron enfáticas en que, más que un señalamiento, buscan una reflexión por parte de Minciencias y el Gobierno nacional para que tomen decisiones acertadas hacia el sector científico del país.

Incluso, para Susana Pinto —líder de estrategia e innovación para hispanoamérica del FI Group— en Minciencia se observa una intención de sacar las convocatorias adelante: “En realidad, lo que se percibe es una desconexión con las otras entidades de las que dependen estos concursos”.

Y agregó que los “beneficios tributarios no dependen solamente de Minciencias, sino que va a depender también del Departamento Nacional de Planeación, que hace parte del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios; va a depender también del Ministerio de Hacienda, va a depender de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Vemos mucha desconexión entre todas estas entidades de cara a la aprobación de los cupos”.

Pinto indicó que en esta solución deben participar no solo las empresas y Minciencias, sino el resto de las carteras ministeriales. Y que, en realidad, esta problemática no se ha gestionado por la falta de voluntad de la cartera ministerial encargada, puesto que ha sacado adelante los manuales de tipologías y las convocatorias, pero todo esto ha sido en vano por la falta de conexión entre entidades estatales.

“Aquí el llamado es que los ecosistemas están, las leyes están, las condiciones están dadas. Es un tema de que tengamos coordinación y voluntad tanto del sector privado como del sector público y, sobre todo, de los entes que están involucrados. Entiendan que esto es de todos; esto no es solo problema de Minciencias ni problema de los empresarios sobre cómo van a invertir. Es un tema de compromiso colectivo”, finalizó.

A través de un documento, el Ministerio de Ciencia indicó a esta casa editorial que la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación (DDTI) convocó y gestionó la sesión en la que expuso la propuesta del cupo fiscal, la cual fue aprobada por parte de los miembros del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT).

Señaló que, una vez realizaron el trámite, la Dirección radicó formalmente la solicitud ante el Confis. Y actualmente están a la espera de que esta instancia determine la fecha en la que será considerada la propuesta aprobada por el CNBT.

La Dirección de Desarrollo fue enfática en que la dependencia “realizó la evaluación técnica, administrativa y financiera de los proyectos empresariales plurianuales (...) en los tiempos establecidos”.

Por otro lado, el director del DDTI, Rubén Ortiz, informó que ahora se realiza primero una revisión completa de los informes remitidos por las empresas y, con base en eso, se soporta la solicitud del cupo fiscal. Este ajuste se realizó con el fin de “asegurar calidad, trazabilidad y transparencia en el proceso”.